No hay obstáculo para someter a juicio a Orellana

Aunque su opinión no es vinculante, el fiscal federal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Alfredo Terraf, no dejó lugar a dudas en la vista que contestó ayer. “Habiendo desaparecido la condición de legislador del imputado (Juan Enrique) Orellana corresponde citarlo a juicio”, afirmó.
El Tribunal Oral le había pedido a Terraf que se pronunciara teniendo en cuenta que la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la competencia de la Justicia Federal para seguir adelante con la investigación contra el actual intendente de Famaillá, por supuesta contaminación ambiental durante su anterior gestión municipal (1999-2003). No obstante, como la causa (que ya fue elevada a juicio oral) había llegado a la Cámara de Casación cuando Orellana aún era legislador (lo fue hasta el 29 de octubre), este tribunal advirtió que, para continuar, era necesario respetar la normativa vigente en la provincia en materia de fueros y de privilegios constitucionales.
En el afán de justificar su posición, Terraf argumentó: “no es necesario ningún trámite previo o antejuicio para proceder judicialmente contra un intendente municipal, pues la Constitución provincial de 2006 no incluye a estos funcionarios entre los sujetos a desafuero”. Luego, reprodujo el artículo 47 de la Carta Magna, según el que corresponde a la Legislatura someter eventualmente a juicio político al gobernador, a los ministros, a los vocales de la Corte Suprema de Justicia y al ministro fiscal, así como a los miembros del Tribunal de Cuentas y al defensor del Pueblo.
El fiscal insistió en que ni el artículo 47 ni el 124 de la Constitución (establece las reglas a las que deberá ajustarse el juicio político) incluyen al intendente y añadió que, en ambos casos, la enumeración de los funcionarios sujetos a tal procedimiento es taxativa. “Tratándose de privilegios constitucionales no puede hacerse una interpretación extensiva de ellos, incluyendo a algún funcionario (como el caso de los intendentes) que no esté expresamente nombrado”, resaltó.

Visión restrictiva
Terraf no se privó de interpretar el artículo 138, que sostiene que, cuando es sujeto de una actuación judicial, el intendente tiene prerrogativas procesales equivalentes a las del gobernador. Luego de haber aclarado que esta norma es funcional a la impunidad, el fiscal federal destacó: “es un artículo que resulta desencajado con el resto del ordenamiento constitucional, anacrónico, contradictorio, improvisado, forzado, si se quiere”.
Enemigo de quienes equiparan la expresión prerrogativa procesal y privilegios constitucionales (de los que gozan los sujetos a juicio político), Terraf concluyó que los intendentes sólo cuentan con el tratamiento especial que les concede el Código Procesal Penal para, por ejemplo, testificar por escrito cuando se tratara de un proceso que involucra a otros. “Pero esas prerrogativas no se constituyen en obstáculo si este funcionario es imputado en una causa criminal”, destacó. Luego agregó que, por ende, seguía vigente el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipales, que establece que la suspensión del intendente procede de pleno derecho cuando exista semiplena prueba de su responsabilidad penal.