Una camarista nacional objetó las reformas al Código Procesal

"Esta confusión entre seguridad y Justicia se viene reiterando y no se separan los problemas ni las responsabilidades. Son cuestiones diferentes y, a veces, se buscan las respuestas más fáciles e inoperantes, que son precisamente estas, porque esta respuesta de la Legislatura no va a servir para nada, empeorará la situación. Es lamentable". Esta queja no proviene de un político de la oposición sino nada menos que de Angela Ledesma, vocal de la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (máxima instancia en este fuero en el orden federal), como consecuencia de los cambios introducidos en el Código Procesal Penal de Tucumán con el fin de flexibilizar las causales para el dictado de órdenes de prisión preventiva.
La magistrada estuvo el fin de semana en esta capital, porque dirige una Maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Tucumán. No ocultaba su fastidio. "La Legislatura tenía diferentes proyectos para aggiornar el Código por medio de las iniciativas relacionadas con los juicios por flagrancia y con el establecimiento de la mediación penal. No obstante, cuando se dio la oportunidad, se concretó una reforma que no será útil para los fines que se persiguen y que sólo empeorará la situación", advirtió a LA GACETA.
Ledesma lamentó que los legisladores tucumanos no hayan tenido en cuenta lo que sucedió recientemente en la cárcel de Santiago del Estero, donde murieron 35 reclusos, muchos de los cuales eran imputados respecto de los que pesaban órdenes de prisión preventiva. "¿Vamos a llenar las cárceles de Tucumán? ¿Cuál es la respuesta que daremos? ¡Qué lastima que no se hayan previsto otras salidas!; más teniendo en cuenta que Tucumán ha sido la primera provincia en el país en instituir un modelo conforme con la Constitución nacional, por lo menos en el punto relacionado con la separación de las funciones entre los jueces y los fiscales. Ahora, en cambio, registra un retroceso tan grande que quisiera que, estadísticamente, demuestren cuáles son los resultados que se darán con estas medidas aprobadas", manifestó.
La reforma concretada, según la jueza, va en sentido contrario de lo que recomienda la doctrina procesal nacional, así como de lo que establecen los últimos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Hasta tuvimos que pronunciarnos en el reciente Congreso Nacional de Derecho Procesal por lo preocupados que estábamos por esta cuestión", recordó.