Por Redacción Política
30 Noviembre 2007
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En la causa por supuesta contaminación ambiental, la defensa del intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, sostiene que todo los actos procesales cumplidos desde que este fue elegido legislador (para el período 2003-2007) son nulos. El abogado Nicolás Pedro Brito argumenta que debió respetarse la normativa procesal vigente en la provincia, que rige cuando se trata de hechos que involucran a funcionarios, magistrados o legisladores que gozan de prerrogativas constitucionales.
El artículo 14 del Código Procesal Penal de la provincia exige que, si se formula requisitoria fiscal o querella contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político o de destitución, el órgano competente (léase un juez de Instrucción si se trata, por ejemplo, de un parlamentario) concretará una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado.
La investigación, denominada jurisdiccional y a cargo de un magistrado, debe practicarse durante el plazo de tres meses (se cuenta desde la declaración del imputado), que puede ser ampliado, cuando la naturaleza del caso así lo exigiera, según el artículo 346 del mencionado Código Procesal Penal.
Si el magistrado considerara que hay méritos suficientes como para que proceda el juzgamiento (elevación a juicio oral de la causa), debe solicitar a la Legislatura el desafuero o destitución del investigado.
La defensa de Orellana entiende que todo este procedimiento fue obviado, porque, en cambio, fue aplicada la Ley 25.320 (denominada Carrió). Esta, en el orden nacional, permite la prosecución de una causa penal hasta su definitiva conclusión sin que el investigado deba ser previamente desaforado o destituido; es decir que, en este caso, a diferencia de lo que sucede en Tucumán, las prerrogativas constitucionales no constituyen un obstáculo para el avance de la investigación. El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Alfredo Terraf, rebatió la tesis de la defensa, razón por la que ahora el TOF (lo integran Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli) tendrá la última palabra.
El artículo 14 del Código Procesal Penal de la provincia exige que, si se formula requisitoria fiscal o querella contra un legislador, magistrado o funcionario sujeto a juicio político o de destitución, el órgano competente (léase un juez de Instrucción si se trata, por ejemplo, de un parlamentario) concretará una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad del imputado.
La investigación, denominada jurisdiccional y a cargo de un magistrado, debe practicarse durante el plazo de tres meses (se cuenta desde la declaración del imputado), que puede ser ampliado, cuando la naturaleza del caso así lo exigiera, según el artículo 346 del mencionado Código Procesal Penal.
Si el magistrado considerara que hay méritos suficientes como para que proceda el juzgamiento (elevación a juicio oral de la causa), debe solicitar a la Legislatura el desafuero o destitución del investigado.
La defensa de Orellana entiende que todo este procedimiento fue obviado, porque, en cambio, fue aplicada la Ley 25.320 (denominada Carrió). Esta, en el orden nacional, permite la prosecución de una causa penal hasta su definitiva conclusión sin que el investigado deba ser previamente desaforado o destituido; es decir que, en este caso, a diferencia de lo que sucede en Tucumán, las prerrogativas constitucionales no constituyen un obstáculo para el avance de la investigación. El fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Alfredo Terraf, rebatió la tesis de la defensa, razón por la que ahora el TOF (lo integran Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli) tendrá la última palabra.
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