Un fiscal afirma que Orellana sólo pretende dilatar el proceso

Extemporáneo, absurdo y meramente dilatorio. Estas palabras utilizó ayer el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Alfredo Terraf, para calificar el planteo de la defensa del intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana. El abogado Nicolás Pedro Brito pidió que sea declarada la nulidad de todos los actos procesales cumplidos a partir del 29 de junio de 2003, cuando Orellana fue elegido legislador para el período 2003-2007. El objetivo del letrado es que la causa, que ya fue elevada a juicio oral por supuesta contaminación ambiental durante la anterior gestión municipal de Orellana (1999-2003), vuelva a la etapa de instrucción.
En su opinión, que no es vinculante, la pretensión de Orellana es improcedente. “Surge que el imputado Orellana tuvo uso y goce de todos los derechos de defensa reconocidos por nuestro ordenamiento constitucional, penal y procesal penal; mal puede, entonces, articularse a estas alturas del proceso un planteo expresamente previsto y limitado a la etapa del sumario y relacionado con actos válidos y legalmente cumplidos hace más de cuatro años”, subrayó Terraf.

Garantías
Luego, el fiscal enumeró los actos que ya fueron cumplidos con todas la garantías. “Se ha dictado el auto de procesamiento, que fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, el requerimiento fiscal de elevación a juicio de esta causa y la resolutiva que lo aprobó, después de que la defensa planteó su oposición y excepciones. Hoy esa resolutiva se encuentra firme y la instrucción de la causa, definitivamente cerrada”, enfatizó.
La defensa de Orellana sostiene que al proceso se aplicaron erróneamente las disposiciones de la Ley 25.320 (más conocida como Carrió) que, en el orden nacional, permite que un proceso penal avance hasta su definitiva conclusión sin que previamente sea necesario privar de sus prerrogativas constitucionales al funcionario, legislador o magistrado investigado. En cambio, considera que correspondía haber respetado lo que establece la normativa procesal provincial cuando el imputado es un legislador, como Orellana, que tenía fueros desde su elección, el 29 de junio de 2003. Terraf rebatió la tesis de Brito. “La aplicación de esta norma (por la Ley 25.320) surgió recién en la etapa del plenario (ante el Tribunal Oral) por la necesidad de comparecencia del imputado, pero todo el sumario se instruyó conforme a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación (CPNN)”, retrucó.  

Investigación
Brito argumentó que, como no fue respetada la normativa provincial en materia de fueros, Orellana fue investigado por un fiscal y no por un magistrado, como hubiera correspondido. “Esto no es cierto, pues, si bien el juez federal delegó la dirección de la investigación, conforme al artículo 196 del CPPN, esta facultad del Ministerio Público se limitó a citar y a tomar declaraciones testimoniales; todo ello cuando Orellana no estaba imputado ni gozaba de ningún fuero. El resto de la investigación fue dirigida y ordenada por el juez federal, que citó y tomó declaración indagatoria a Orellana, quien contó con la asistencia técnica de un abogado, que nada dijo ni hizo reserva sobre este aspecto”, contestó Terraf.
El fiscal insistió en que todo el proceso se cumplió con absoluta regularidad y legalidad; por el contrario, cuestionó la actitud de la defensa de Orellana. “La presente se suma a las múltiples dilaciones procesales que ha sufrido esta causa”, sostuvo.