Cunde el temor por el "efecto Moyano"

¿Por qué el Estado está tan empecinado en recaudar? La pregunta se escuchó ayer de boca de un deudor que fue a la Dirección General de Rentas para estipular una forma de pago.  No tenía apariencia de ser un gran potentado. De hecho, en su bolsa de supermercado, además de la intimación llevaba la boleta de su jubilación.
Desde el Gobierno, seguramente, responderán de que el Estado está tratando de recuperar gran parte de los más de $ 200 millones que los contribuyentes le deben al fisco. Y que, con ese dinero, se prevé ejecutar obras de alcance general.
Si uno toma como parámetro el presupuesto 2008, recientemente sancionado por la Legislatura, podrá decir que Tucumán tiene un Estado caro, tal como sostiene el economista Hugo Ferullo.
El total de erogaciones previstas para el año que viene no baja de los $ 4.500 millones, casi $ 1.000 millones más que lo proyectado al iniciarse 2006. Pero más que apuntar a los gastos en viajes (el Boletín Oficial refleja que no menos de una veintena de funcionarios y asesores por semana van a Buenos Aires), y al fortalecimiento de la política de obras públicas, cada vez es más preocupante la incidencia del gasto en salarios. El presupuesto 2008 contiene gastos en Personal por $ 2.100 millones, poco más del 45% del total de erogaciones. Y es posible que, en el transcurso del año próximo, el Gobierno tenga que abrir la discusión salarial, con el gasto adicional que ello implica.
¿Hasta dónde pueden aguantar las cuentas públicas un incremento masivo de salarios? La respuesta parece de fácil resolución. Al elaborar el proyecto de ley, en la Casa de Gobierno evaluaron que el incremento promedio para 2008 estaría en el orden del 13%. En otras palabras, el Ejecutivo hizo algunas previsiones para afrontar ese compromiso extra, previa negociación con los sindicatos estatales.
Sin embargo, en esas proyecciones oficiales no se tuvo en cuenta dos situaciones que pueden complicar el panorama fiscal 2008: la eliminación de los tickets a partir de enero, y un reajuste mayor que lo esperado en las remuneraciones estatales. En este último aspecto, entra en juego la “Ley Moyano”. El líder cegetista comenzó a marcarle la cancha a la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, al decir que no está dispuesto a que el Gobierno les ponga un techo a los incrementos salariales.
Esta semana, un informe de SEL Consultores, dirigido por el sociólogo Ernesto Kritz, dio en el blanco respecto de cuál pretende ser el piso de aumento en el debate salarial, versión 2008. El diagnóstico dice que una familia de clase media siente más los efectos de la inflación que otros sectores porque el aumento de precios de su canasta ronda el 17,5%. El camionero Hugo Moyano aspira a que el aumento a acordar esté medio punto más arriba (18%).
Si eso es así, los funcionarios de Economía tendrán que hacer piruetas para tratar de compensar la diferencia en el aumento salarial esperado(un desfase de cinco puntos porcentuales), lo que implicaría la disminución de $ 105 millones a la partida destinada a obras públicas. Claro que Alperovich podrá efectuar cambios a partir de sus ampliados superpoderes.
Ese reajuste salarial puede ser la explicación al interrogante planteado por el jubilado que fue a Rentas a tratar de formalizar un plan de pago para que no le rematen la casa. El hombre reconoció que parte de la recaudación vuelve en obras, pero sigue preocupado y se pregunta: “¿por qué todos los contribuyentes, sin distinguir la capacidad económica, tienen que pagar el festival de gastos?”. Lo que haga Alperovich con la plata de los tucumanos, durante 2008, será la respuesta a este último interrogante.