Corrieron vistas al fiscal Terraf, para que opine

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal corrió vistas del fallo de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal al fiscal federal general ante ese tribunal, Alfredo Terraf. La sala IV de la Cámara Nacional ratificó la competencia federal para investigar al actual intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, por supuesta contaminación durante su anterior gestión municipal (1999-2003). Como la causa ya fue elevada a juicio oral, la Cámara Nacional ordenó al Tribunal Oral que cumpla las normas vigentes en la provincia en materia de prerrogativas constitucionales (son las que gozan algunos funcionarios y legisladores) antes de continuar adelante. El objetivo es que, como Terraf tiene que impulsar el proceso, fije su posición respecto de cuáles son los próximas pasos que deben seguirse. En efecto, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que la suspensión del intendente procede de pleno derecho cuando, imputándosele la comisión de un delito, el juez calificara que existe semiplena prueba de responsabilidad (contra Orellana ya hay un auto de elevación a juicio). No obstante, la nueva Constitución provincial señala que, cuando sea sujeto de una actuación judicial, el intendente gozará de las mismas prerrogativas procesales que el gobernador (artículo 138). El pronunciamiento de Terraf es importante, porque en la causa también está imputado Miguel Antonio Robledo, ex secretario de Obras y Servicios Públicos de Famaillá.