Al intendente Orellana lo satisfizo una decisión judicial
La defensa del justicialista pedirá la declaración de todo lo actuado en una investigación. El abogado Pedro Brito señala que a su cliente lo indagaron al amparo de la Ley Carrió, que la Cámara Nacional de Casación Penal ahora declaró inaplicable.
La decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal, de habilitar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal para que avance en la causa por supuesta contaminación ambiental contra el intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, generó alegría en la defensa del procesado.
Al abogado Pedro Nicolás Brito lo satisfizo el fallo de la sala IV de Cámara Nacional. Esta consideró que no era aplicable al caso la Ley 25.320 (conocida como Ley Carrió). En en el orden nacional, esta permite que una causa prosiga sin que sea necesario privar previamente de sus fueros a un diputado o senador.
Por el contrario, la sala IV concluyó que, para someter a un juicio oral a Orellana, había que cumplir con las normas provinciales vigentes en materia de prerrogativas constitucionales. A partir de esta decisión, el letrado planteará hoy la nulidad de todo lo actuado en la causa, en especial la declaración indagatoria que le tomaron a Orellana.
"Cuando el intendente era legislador provincial (2003-2007), dijimos que no era necesario pedir el desafuero parlamentario, y que debía ser juzgado en debate oral pues los fueros sólo lo protegían de una eventual condena o medida de coerción. Por eso pedimos la nulidad del pedido de desafuero, que se extiende a todo lo actuado al amparo de la ley (Carrió) declarada inaplicable. No es válida la indagatoria, por lo cual no hay auto de procesamiento y sin este no es posible la elevación a juicio. La causa debe volver a la instancia instructora, sin perjuicio de que la incompetencia (por entender que debe actuar la Justicia provincial) subyace y es susceptible de volver a ser planteada", interpretó Brito.
El abogado admitió que a Orellana lo alcanza el artículo 138 de la Constitución provincial, que consagra que los privilegios procesales de los intendente son similares a los del gobernador. "Esto no significa tratar de sustraerse de la investigación sino que la inequívoca voluntad de someterse a la acción de la Justicia debe ser en estricta armonía con el cuerpo legal vigente", dijo.
Al abogado Pedro Nicolás Brito lo satisfizo el fallo de la sala IV de Cámara Nacional. Esta consideró que no era aplicable al caso la Ley 25.320 (conocida como Ley Carrió). En en el orden nacional, esta permite que una causa prosiga sin que sea necesario privar previamente de sus fueros a un diputado o senador.
Por el contrario, la sala IV concluyó que, para someter a un juicio oral a Orellana, había que cumplir con las normas provinciales vigentes en materia de prerrogativas constitucionales. A partir de esta decisión, el letrado planteará hoy la nulidad de todo lo actuado en la causa, en especial la declaración indagatoria que le tomaron a Orellana.
"Cuando el intendente era legislador provincial (2003-2007), dijimos que no era necesario pedir el desafuero parlamentario, y que debía ser juzgado en debate oral pues los fueros sólo lo protegían de una eventual condena o medida de coerción. Por eso pedimos la nulidad del pedido de desafuero, que se extiende a todo lo actuado al amparo de la ley (Carrió) declarada inaplicable. No es válida la indagatoria, por lo cual no hay auto de procesamiento y sin este no es posible la elevación a juicio. La causa debe volver a la instancia instructora, sin perjuicio de que la incompetencia (por entender que debe actuar la Justicia provincial) subyace y es susceptible de volver a ser planteada", interpretó Brito.
El abogado admitió que a Orellana lo alcanza el artículo 138 de la Constitución provincial, que consagra que los privilegios procesales de los intendente son similares a los del gobernador. "Esto no significa tratar de sustraerse de la investigación sino que la inequívoca voluntad de someterse a la acción de la Justicia debe ser en estricta armonía con el cuerpo legal vigente", dijo.
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