A tres años del crimen del juez, persisten las dudas

Los une la impotencia. A tres años del crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, los familiares de la víctima y los acusados están aunados en sus reclamos y en sus críticas, por más que los diferencia su situación en una causa que lejos está de esclarecerse por completo.
Antes de fin de año, la Cámara de Apelaciones resolverá la gran cantidad de planteos que hicieron los abogados defensores de los principales imputados: Mario Mirra por Ema Gómez, Horacio Guerineau por Darío Pérez y Gustavo Morales por Andrés Faversani. Este último es el único de los tres imputados de homicidio agravado que permanece en libertad, aunque, si prospera el requerimiento del fiscal de Cámara Juan Santos Suárez, quien opinó que se debe dictar prisión preventiva en su contra, deberá permanecer en Villa Urquiza, al igual que Pérez. Esta resolución deberá ser refrendada por el juez Víctor Manuel Pérez. Las fuentes consultadas coincidieron en que 2008 será el año del juicio. Pero el esclarecimiento del caso parece aún lejano. Según explicaron, el trabajo del fiscal de Cámara que sea designado para sostener la acusación durante el proceso oral deberá realizar una labor exhaustivo para desentrañar los muchos misterios del caso.

Dos hipótesis
Según el fiscal de Instrucción Guillermo Herrera, la muerte de Aráoz, ocurrida el 26 de noviembre de 2006 tiene ribetes pasionales. Según Lucrecia Terán, viuda del juez, fue obra de una mafia policial. Aráoz tenía 51 años. Fue encontrado dentro del baño de su casa, ubicada en avenida Aconquija 2.950, en El Corte, Yerba Buena. Recibió nueve disparos, pero ninguno le provocó la muerte, ya que los impactos no afectaron zonas vitales. Falleció desangrado.
Los procesados son o fueron policías. Ema Gómez fue policía hasta octubre de 2004, cuando le dieron la baja por insubordinación. Pérez y Faversani eran oficiales de la Policía. Los otros dos acusados son el comisario (r) Rodolfo Domínguez y el oficial Raúl Albornoz, aunque a estos se les imputa encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El hecho de que todos sean policías, según la familia de Aráoz, abona su teoría acerca de una mafia. "Este es un caso inédito en Tucumán. Es la primera vez que se mata un juez, y pareciera que la Justicia no se da cuenta de ello. ¿Cómo puede ser que todavía no se haya hecho el juicio?", se preguntó Terán.
Una pericia balística indicó que no se podía asegurar con qué arma se había matado al juez, aunque advirtió que había microsimilitudes entre los proyectiles encontrados en la casona y los de la pistola reglamentaria de Pérez. Este estudio fue cuestionado por el abogado Guerineau.

Demasiadas preguntas
Las dudas son muchas: ¿dónde está el arma que Aráoz tenía en su mesa de luz, calibre 9mm, igual que la que utilizaron para dispararle? ¿Cómo puede ser que si, según la autopsia, el juez murió a las 17.30, haya contestado una llamada que se realizó a su teléfono celular a las 19.30, tal como indica el informe de las empresas telefónicas? ¿Por qué si el juez tenía dos celulares para su uso personal (uno privado y el otro del Poder Judicial) había constantes llamados entre ellos en distintas zonas de la provincia pero no se pudo saber quién era la persona que realmente utilizaba uno de los dos equipos? Ambos celulares aparecieron en la casa de Aráoz cuando se cometió el crimen. ¿Cómo puede ser de que a pesar de que algunos vecinos escucharon gritos y disparos en la casa de Aráoz nadie se asomó a ver qué sucedía? Si el último de la familia que estuvo con el juez fue su hijo Agustín, ¿por qué no se lo sometió a una pericia de dermotest para descartar que él haya tenido algo que ver con el caso, tal como reclaman los abogados de los imputados? ¿Por qué Ema Gómez nunca quiso declarar? ¿Por qué tres policías (Domínguez, Faversani y Albornoz) atravesaron tres ciudades (Banda del Río Salí, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena para averiguar qué le había pasado al juez si con darle intervención a la comisaría jurisdiccional se habría ahorrado tiempo y logística? ¿Por qué la Policía había sacado fotos del juez en su lugar de trabajo y lo seguía en distintos móviles cuando iba a su casa? ¿Por qué Aráoz investigaba una red de policías que, según él sacaban menores del Roca con oficios truchos para mandarlos a robar en vez de haber hecho la denuncia ante algún fiscal, tal como establece el Código Procesal Penal de la provincia? ¿Por qué no remataron al juez con un disparo en la cabeza o en el corazón, y lo dejaron agonizado hasta que murió de un shock hipovolémico?
Los investigadores aseguran que el paso del tiempo atenta contra el total esclarecimiento de la causa, y que lo que no se resolvió hasta el momento será muy complicado descubrirlo durante el debate oral.
Los abogados de la familia Aráoz, Benjamín Frías Alurralde, María Dolores Leone Cervera y Dante Julio José Ibáñez, afirman que aún no se hizo justicia. "Ni para los hijos del juez, ni para los acusados. Todos merecen saber qué pasó realmente", dijo Frías Alurralde. Tal vez en 2008 se puedan conocer algunas de las respuestas.