11 Noviembre 2007 Seguir en 
“Lo que ocurrió en el penal de Santiago del Estero puede pasar en cualquier lugar del país”, afirmó el abogado penalista y ex legislador Juan Roberto Robles. “Estamos ante un colapso del sistema penal de la provincia, porque los organismos tutelares de los internos no funcionan. No hay un programa educativo, de aprendizaje de oficios o de trabajo realizado con seriedad y con objetivos de corto, mediano y largo plazo”, agregó.
“Trabajan los presos que quieren hacerlo; así es como se ha creado un coro, pero por iniciativa de un profesor y de una Iglesia. Es decir que todo es voluntario y no responde a una política del Estado. La mayoría de los internos está sin hacer nada todo el día, y eso conduce a la violencia”, afirmó Robles.
Cuestionó también que la cárcel alberque por igual a delincuentes comunes con enfermos de sida o adictos a las drogas ilegales. “Estas personas tienen que estar internadas en un lugar adecuado, donde puedan ser tratadas como corresponde”, dijo el letrado.
Recordó que la Legislatura tucumana aprobó por ley la creación de una granja terapéutica, que se iba a realizar en un terreno que se había conseguido por medio del programa “Activo por activo”.
“El objetivo de la ley era construir un alojamiento para llevar allí a los condenados que necesitan tratamientos específicos, sea por adicciones o por problemas mentales. Pero esto nunca se concretó”, añadió. Por el contrario, el abogado sostuvo que en Villa Urquiza no hay medidas de seguridad y hasta se puede comprar droga de distintas calidades y precios.
Según Robles, si no se modifica conceptualmente lo que debe ser una cárcel no sólo seguirán activándose motines como el de Santiago del Estero, sino que continuarán los problemas en los hogares de menores.
“Los motines tienen causas muy profundas, que van más allá del hacinamiento. Creo que hay que entender que el problema de la seguridad no va a ser resuelto por un superhombre sino que toda la comunidad debe insertarse en la búsqueda de las soluciones”, opinó el letrado.
“Trabajan los presos que quieren hacerlo; así es como se ha creado un coro, pero por iniciativa de un profesor y de una Iglesia. Es decir que todo es voluntario y no responde a una política del Estado. La mayoría de los internos está sin hacer nada todo el día, y eso conduce a la violencia”, afirmó Robles.
Cuestionó también que la cárcel alberque por igual a delincuentes comunes con enfermos de sida o adictos a las drogas ilegales. “Estas personas tienen que estar internadas en un lugar adecuado, donde puedan ser tratadas como corresponde”, dijo el letrado.
Recordó que la Legislatura tucumana aprobó por ley la creación de una granja terapéutica, que se iba a realizar en un terreno que se había conseguido por medio del programa “Activo por activo”.
“El objetivo de la ley era construir un alojamiento para llevar allí a los condenados que necesitan tratamientos específicos, sea por adicciones o por problemas mentales. Pero esto nunca se concretó”, añadió. Por el contrario, el abogado sostuvo que en Villa Urquiza no hay medidas de seguridad y hasta se puede comprar droga de distintas calidades y precios.
Según Robles, si no se modifica conceptualmente lo que debe ser una cárcel no sólo seguirán activándose motines como el de Santiago del Estero, sino que continuarán los problemas en los hogares de menores.
“Los motines tienen causas muy profundas, que van más allá del hacinamiento. Creo que hay que entender que el problema de la seguridad no va a ser resuelto por un superhombre sino que toda la comunidad debe insertarse en la búsqueda de las soluciones”, opinó el letrado.
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