J. deberá estudiar y hacer labores comunitarias

J., una de las adolescentes que están acusadas del crimen de Carla Romina Ortega, abandonó el Instituto Goretti, donde estaba detenida hace más de un mes y se alojó en la casa de un hermano, donde deberá cumplir con un régimen de semilibertad que fue dispuesto por la jueza de Menores Nora Wexler. La medida provocó malestar entre los familiares de Carla.
La magistrada, durante una audiencia que duró casi cuatro horas, les explicó a J., de 15 años, a sus padres, a sus abogados, Carlos Picón y Leonardo Coria, al hermano que la recibirá en su hogar y a la defensora de Menores, Inés Avellaneda, las características de la nueva vida que deberá llevar y que, si no son cumplidas, derivarán en su vuelta al Goretti.
Wexler dispuso la entrega provisoria de J., aunque le dio una serie de medidas tutelares para que cumpla. Por ejemplo, no puede ir a bailar ni tampoco concurrir a los barrios Nicolás Avellaneda IV y Barrio Oeste II. Sólo podrá abandonar la casa de su hermano si es que es acompañada por un adulto. Tampoco podrá beber alcohol.
La magistrada también le impuso un severo régimen de estudios. Además de rendir libres todas las materias para pasar de curso tendrá que asistir a clases para aprender algunos oficios. La adolescente eligió decoración y cocina. Además, realizará trabajos comunitarios en la biblioteca del barrio donde vivirá hasta tanto se aclare su situación procesal.
A causa de su edad, J. es inimputable, es decir que no puede ser acusada del homicidio de Carla. Pero, tal como le aclaró la jueza, deberá estar a disposición de la Justicia para que ayude a esclarecer el caso. Wexler le anunció que deberá presentarse ante el fiscal Pedro Gallo cada vez que él lo solicite. "Las medidas son muy fuertes, pero nos parecen correctas. No sólo estamos ante una adolescente que es inimputable, sino que no hay ninguna prueba en su contra como para que continúe detenida", aseguró Picón.
Carla fue hallada sin vida el 26 de agosto, en un precipicio ubicado a la vera de la ruta 338, que conduce a San Javier. Aparentemente la golpearon y luego la arrojaron allí.
Los familiares de Ortega se mostraron molestos por la decisión de la Justicia. "Es una prueba más de que está fallando el sistema de menores en conflicto con la ley. Es una prueba más de que en Tucumán reina la impunidad", expresó Mónica Beatriz López, representante legal de la familia Ortega. La profesional dijo que si bien es cierto que la situación procesal de J. no es comprometida, ella conoce bien qué papel tuvieron L, la otra detenida, y Lorena del Valle Alderete, la joven sobre la cual también pesan sospechas, aunque por el momento sigue en libertad. "Por ese motivo, nos parece inapropiado que se la haya dejado en libertad", expresó López.
Los familiares, que pidieron ayer al fiscal Gallo que reactive la causa, anunciaron que en las próximas horas realizarán una marcha para protestar por el fallo de la jueza Wexler.