La paradoja de tener miedo y no hacer nada

Abandonados entre el pánico de la sociedad y la indiferencia de las autoridades, los chicos en conflicto con la ley son el principal problema de seguridad de los tucumanos en la última década y el ejemplo más claro de nuestra impotencia para encarar una solución de fondo. Muestran la paradoja en una comunidad, cuyo gobernador es el primero en pedir a gritos que se mantenga encerrados durante cinco años a los delincuentes (adultos), mientras el sistema dice que los menores que delinquen (que son los que cometen la mayoría de los delitos) deben quedar en libertad y ser sometidos a un sistema de tutelaje que ayude a su rehabilitación.   

Lógica inverosímil
Quizá sea el juez de Menores Raúl Ruiz quien mejor describió esta paradoja, cuando mostró datos que son planteados con una lógica inverosímil que lleva al absurdo. “Es una locura lo que está sucediendo. Si no se hace algo urgente, esta situación empeorará”, dijo el juez a comienzos de setiembre al referirse al caso de las adolescentes detenidas por el caso Carla. Desde entonces, nada se hizo, ni resonó en ningún despacho gubernamental ni parlamentario la palabra “urgente” dicha por el magistrado. Y en el mes y medio que pasó desde entonces varios hechos conmocionantes fueron protagonizados por menores, entre ellos, los crímenes del changarín Flores; del joven Juárez, junto al río Salí, y del jornalero Paz, en el barrio Almafuerte.
Ahora son los padres de las víctimas los que presionan para que se haga algo. Piden que se cambie el Código Procesal Penal, que -afirman- ha quedado desactualizado. Y aunque ayer no fueron recibidos por el legislador Daniel Heredia, dicen que no pueden quedarse de brazos cruzados “viendo cómo se agrava el flagelo”. Ellos pusieron de manifiesto varias contradicciones del sistema.
* Se envía a los menores reincidentes a sus hogares maternos, de donde han sido expulsados. Allí no se rehabilitan. Antes bien, las familias de los adolescentes violentos suelen pedir ayuda al Estado, porque no saben qué hacer con ellos. No obstante, los jueces siguen usando este sistema, porque la ley así lo exige. Ellos cumplen la norma ¿qué está fallando? El Estado, que no la cumple.
* El Estado es el área de Familia y Minoridad, que debería ocuparse de ejercer la vigilancia del menor, informar a los jueces sobre la conducta y las condiciones de vida del chico imputado, y hacerse cargo del joven si el juez lo decidiera. Así lo dice el artículo 418, que menciona las medidas tutelares. Sin embargo, el mismo juez Ruiz señaló a comienzos de setiembre que es impracticable la ley. “No hay sistemas para atenderlos. Los jueces de Menores asumimos una tarea que no nos compete”, advirtió. ¿A quién le compete esa tarea? Funcionarios y legisladores deben responder esa pregunta.
* Las autoridades sólo se preocuparon por mejorar la infraestructura del Instituto Roca y pasaron de una política (como aquella polémica decisión de adormecerlos con medicamentos) a otra sin dar en el clavo. En el Roca, los chicos “en vez de recuperarse, aprenden nuevas técnicas delictivas”, dicen los padres de las víctimas.
* Hasta ahora no hay instituciones públicas para ayudar a menores adictos, y en los casos en los que la Justicia ordena tratamiento, se los lleva al hospital Obarrio, donde se interna a los enfermos mentales.
* Que se sepa, a pesar de las incontables crisis con menores que se produjeron en la última década -pongamos como fecha de inicio el crimen de Pla, ocurrido en 1999, que fue llevado a juicio en estos días- no se tomó una sola decisión clara, a partir de reuniones entre los tres poderes, que haya desembocado en una política sobre los menores en conflicto con la ley, ni en una política sobre la seguridad.
Los padres de víctimas plantean medidas muy duras, surgidas desde la profunda emoción o de la justa ira -como que se baje la imputabilidad-, y también medidas lógicas, surgidas desde el sentido común y de observar la inacción del Estado, como que se habiliten lugares para rehabilitar verdaderamente a los chicos. El juez Ruiz, por su parte, pide medidas como “educar a las familias”, que surgen de su comprensible sentimiento de impotencia. Los funcionarios y los legisladores siguen en silencio. Ruiz lo dijo en setiembre: “todos se olvidan y seguimos con la misma situación. Nada cambia”.