Piden que se modifique el sistema de tratamiento de los menores

"La última reforma de las leyes de minoridad se realizó hace 18 años. La situación ha cambiado y ahora es necesario que se las modernice". De esta forma se expresó Fátima de Alvarez, madre de un adolescente asesinado por un menor, que, junto con los miembros de otras familias que vivieron la misma situación pretende que se modifiquen las normas que regulan el proceso penal al que son sometidos quienes aún no cumplieron 18 años.
Los parientes de Emanuel Alvarez, de Lucas Agüero Quiroz, de Edgard Salinas y de Carla Ortega, entre otros, elaboraron un proyecto para que sea estudiado por los legisladores. El documento será entregado hoy al justicialista Daniel Heredia, presidente de la Comisión de Seguridad.

Hacer frente al problema
"No somos los responsables de cambiar las leyes, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se agrava el flagelo", aseguró Graciela Quiroz, madre del cadete que fue ultimado por dos menores para robarle la motocicleta.
Entre los planteos más importantes, los familiares pretenden fundamentalmente que se brinde asistencia integral al victimario y que los familiares de las víctimas tengan la posibilidad de participar con mayor protagonismo en las causas. "Para ello es necesario que se modifique el Código Procesal Penal de la provincia. Eso lo deben hacer los legisladores", explicó Alvarez, cuyo hijo murió como consecuencia de un adoquinazo que le fue lanzado por un adolescente.
La mujer, que actuó como vocera, insistió en que se debe bajar la edad de imputabilidad de los menores que están acusados de haber cometido algún tipo de delito. "Este es un debate que se debe realizar en el ámbito nacional, pero desde la provincia es posible presentar un proyecto, por medio de nuestros representantes. Y no vamos a parar hasta que ello ocurra", dijo.
Uno de los puntos más ambiciosos del proyecto es que se modifique el régimen de otorgamiento de medidas tutelares. "Solicitamos que a los menores reincidentes no se les permita regresar a sus hogares maternos. Estos chicos deben estar en los institutos para que sean rehabilitados de sus adicciones antes de estar en la calle", expresó Rodolfo Alvarez.
Mónica Beatriz López, abogada de la familia Ortega, sostuvo que sobre este tema existe un vacío legal que debe ser analizado. "Los jueces entregan a los menores a sus padres, a pesar de que son reincidentes. Evidentemente no están en condiciones de contener a esos chicos. No tiene sentido que se continúe utilizando este sistema", argumentó.
¿Cuál es la solución? Según Fátima de Alvarez, el Estado debe contar con centros de rehabilitación para recuperar a los chicos que roban y matan para conseguir drogas. "Al Instituto Roca van todos los chicos que tienen conflicto con la ley, sin importar sus antecedentes. Los que son enviados por primera vez, se unen con otros. En vez de recuperarse, aprenden nuevas técnicas delictivas", expresó.
López, en cambio, sostuvo que la Justicia debe quitar la patria potestad a los padres de los menores que cometieron delitos. "En el fuero Civil, a los progenitores que abandonan o maltratan a sus hijos se les quita la tenencia y se les busca un hogar sustituto. No entendemos por qué no se hace lo mismo con los que tienen problemas con la ley", concluyó.