Diferencias entre cifras que informa el Estado

Las cifras no coinciden. Los datos que aportaron los organismos descentralizados, durante el ejercicio presupuestario del año pasado, no concuerdan con las informadas por la administración central de la Provincia. Así lo advierte el Tribunal de Cuentas, en su informe sobre la cuenta de inversión de 2006.
Las erogaciones figurativas de la administración central (los importes imputados a las entidades descentralizadas) registran la suma de $ 238,2 millones, pero las contribuciones percibidas por esos organismos ascienden a la suma $ 238,7 millones. Esta situación, advierten los contadores fiscales, “repercute en el estado de situación del Tesoro, generando una distorsión en la necesidad de financiamiento”: de $ 500.000. Pero cuando se revisan caso por caso la situación de las entidades oficiales no centralizadas, aparecen diferencias todavía mayores.

Contrastes llamativos
En el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, el balance determina una necesidad de financiamiento de $ 34,8 millones. Es decir, se determina que este es el monto que necesitó para que sus cuentas cerraran durante el año pasado. Pero es incorrecto, alerta el ente de contralor, porque el mismo Ipvdu consignó en el rubro “Contribuciones de la Administración Central” que recibió la suma de $ 38 millones ($ 3,2 millones más). Y $ 38 millones fue, en efecto, el importe remitido por la Administración Central en 2006.
En el caso del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, el balance fija que necesitó $ 1 millón de financiamiento, pero nunca hubo aportes de la Administración Central, con excepción de un Anticipo Financiero Reintegrable de $ 150.000. De allí que la exposición de la primera cifra es errónea.
Otro tanto ocurre con el Siprosa, que pautó en su balance una necesidad de financiamiento de $ 7,4 millones. Sin embargo, sus cuentas determinan que lejos de tener un déficit por esa suma, terminó el año con superávit. Tampoco concuerdan con las del Gobierno. En la administración central figura que se le remitieron al sistema $ 136,4 millones. Pero en el organismo aparecen como efectivamente recibidos $ 137,9 millones. Esa diferencia favorable de $ 1,5 millón corresponde a un aporte financiero que estaba pendiente de ser remitido desde 2005 y que la administración central hizo efectivo el año pasado.
A la hora de analizar el porqué de esta falta de correspondencia entre las cifras informadas, el Tribunal de Cuentas sentencia que los servicios administrativos y contables de los organismos Descentralizados no cumplieron con las normas que reglamentan el cierre del ejercicio financiero. A pesar de que esas pautas fueron fijadas con carácter obligatorio, por la Contaduría General de la Provincia mediante la resolución 256 del 13 de diciembre de 2006.