La ciudadanía podrá conocer la situación patrimonial de los jueces federales

Durante su última reunión plenaria, el Consejo de la Magistratura de la Nación dio un importante paso en la flexibilización de la información relacionada con la situación patrimonial de los jueces federales y nacionales. Como consecuencia, sentó un precedente y allanó el camino para que cualquier ciudadano pueda conocer el anexo público de las declaraciones juradas de bienes de los magistrados, tal como ya preveía la Ley de Etica Pública (25.188).

Finalidades
Durante el plenario presidido por Pablo Mosca, los consejeros reiteraron que el solicitante de la información sólo deberá precisar cuál es la finalidad que persigue con la petición, así como el destino que dará a los datos que vaya a recibir.
De esta manera, los consejeros accedieron a sendas notas que habían efectuado ?por separado- la Fundación Poder Ciudadano y dos periodistas del diario "La Nación". La primera organización había invocado el derecho a la información pública y al correlativo control -por parte de los ciudadanos- en relación con quienes desempeñan un cargo tan importante en el Estado. Al mismo tiempo, había argumentado que la documentación recabada iba a servir para la confección de un banco de datos, que pueda ser consultado por cualquier interesado. En el caso de los cronistas, habían solicitado la información para publicar algunos extractos.

Con carácter reservado
Como manda la Ley de Etica Pública y las reglamentaciones correspondientes, lo que no podrá relevarse son los denominados "datos sensibles", que tienen ver con la información relacionada con el cónyuge, los hijos, acreedores o deudores del magistrado, para seguridad de este y de aquellos. En efecto, el artículo 6 de la mencionada norma obliga a que la declaración jurada (debe ser actualizada en forma anual) contenga una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que compongan en su caso la sociedad de hecho, y los de sus hijos menores, existentes en el país o en el extranjero.
Todos los años, a fines de abril, los miembros del Poder Judicial de la Nación (también están obligados los integrantes de los otros poderes) deben elevar en un sobre cerrado la declaración jurada de sus bienes.
En su edición de mañana, LA GACETA Tribunales desarrollará este tema teniendo en cuenta que, en el orden provincial, los magistrados y funcionarios de Ley sólo presentan sus declaraciones juradas de bienes -en sobre cerrado- cuando asumen y sólo deben actualizarla cuando se produce una alteración sustancial en sus patrimonios.