Un jubilado pudo cobrar después de tres años

El mal de Parkinson, sumado al accidente cerebrovascular (ACV) que padeció en agosto de 2005, apenas si le dejaron un hilo de voz. Con mucho esfuerzo, postrado en una silla en su casa de Ranchillos, Ramón Fernando Díaz (66 años) apenas si puede quejarse: "sufrimos la impotencia de ver cómo pasaban los días, los meses y los años sin que tuviéramos una solución. Gracias a Dios, sólo teníamos la vida". Después de casi tres años, finalmente, la semana pasada, pudo cobrar U$S 18.000 por unos títulos públicos adquiridos el 3 de enero de 2001, mucho antes de que la Argentina se declarara en cesación de pagos (default), y por los que, en un complejísimo proceso (ver "Estudian...") ante la Justicia Federal, tuvo que demandar al Estado nacional, cuando este dispuso la pesificación de los bonos (a 1,4 más CER por dólar) tras la salida de la convertibilidad.
El calvario de los Díaz, como lo define la esposa del protagonista (Yolanda Victoria Bizgarra, de 68 años) se remonta al 18 de diciembre de 1994, cuando falleció uno de los hijos del matrimonio, Marcelo Fernando Díaz (cursaba cuarto año de Ciencias Económicas), en un accidente de tránsito en Los Nogales. En 1998, juicio mediante, el matrimonio cobró una indemnización de una empresa aseguradora. En enero de 2001, los Díaz decidieron colocar gran parte de lo que había percibido (U$S 20.000) en un fondo común de inversión del BankBoston, que, a su vez, invirtió en títulos públicos. En el medio, Díaz sufrió el ACV, que lo obligó a retirarse por invalidez. Hasta entonces, el hoy jubilado trabajaba en los talleres de la Gobernación.

Historia interminable
Como consecuencia de la pesificación dispuesta a principios de 2002, Díaz dedujo una acción judicial el 7 de diciembre de 2004, por la que cuestionó la constitucionalidad de la normativa que había ordenado tal decisión.
No obstante, el 30 de septiembre de 2005, el ex juez federal Felipe Terán rechazó la medida cautelar que, provisoriamente, había requerido Díaz para que el Estado se abstuviera de concretar la pesificación en su caso hasta que no fuera resuelto el fondo de la cuestión. Curiosamente, el 18 de octubre del año pasado, Terán fue destituido -por mal desempeño- por haber concedido cautelares a particulares que, según se comprobó, a diferencia de Díaz, habían adquirido los títulos después de la declaración de default, ocurrida a fines de 2001.
Aunque es muy creyente (en el comedor de su casa hay un verdadero altar), la mujer de Díaz no duda en afirmar que se alegró por la remoción de Terán y hasta por la renuncia del otro juez federal, Jorge Parache, a quien también lo investigan por causas vinculadas a los títulos públicos. "Era una vergüenza ver cómo otros sí obtenían medidas cautelares y nosotros no, como sucedió con los U$S casi 5 millones (por la causa "Borquez" tramitada en el despacho de Terán). Dentro de mi ignorancia, yo me doy cuenta de las cosas", afirma con impotencia.
El abogado de Díaz, Gonzalo Bernabé Casas, recurrió la resolución de Terán. Como consecuencia, la Cámara Federal de Apelaciones, el 17 de febrero de 2006, revocó la sentencia de primera instancia, y ordenó al fisco que se abstuviera de hacer efectiva la pesificación (a $ 1,4 más CER por dólar) en el caso, previa verificación de que Díaz tenía los títulos desde antes del default.
Entonces, comenzó otra pelea judicial para lograr que la medida fuera concretada. Un médico forense hasta fue a la casa de Díaz para comprobar su estado de salud y la Cámara Federal de Apelaciones, luego de haber rechazado un recurso de reposición deducido por el Estado nacional, debió pronunciarse nuevamente el 20 de julio del año pasado. Las ideas y vueltas concluyeron cuando Mario Racedo, ahora a cargo del juzgado que encabezaba Terán, ordenó a la Caja de Valores (tiene la custodia de los títulos) que transfiriera los fondos a Díaz.

Ahora, a pagar deudas
Pareciera que la realidad jamás les sonríe a los Díaz. La mujer, aunque con agradecimiento, confiesa que lo que cobraron deberán destinarlo a pagarles a los proveedores (almacenero, carnicero y farmacéutico, a los que enumera por sus nombres) que durante estos años les fiaron para que pudieran disponer de mercadería y de remedios. "Si no fuera por el desinteresado apoyo de ellos, además del de vecinos y de las hermanas de mi marido, jamás hubiéramos podido sobrevivir. El cobra sólo $ 600 por su invalidez y yo, una jubilación de ama de casa de $ 395. Debimos vender un Renault 12 y una Zanella 200, pero Dios, finalmente, oyó nuestras súplicas", remata con fe. Su marido, con esfuerzo, acota: "el único servicio que mantuvimos es el teléfono. Nos permitía comunicarnos con el abogado, para saber cómo marchaba este calvario".