A partir de mañana, el juez de instrucción penal de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, contará con cinco días hábiles para aceptar o desestimar el pedido de prisión preventiva que pesa sobre las 10 personas detenidas por los incidentes en el sindicato vial.
El viernes, la fiscal Teresita Marnero requirió al juez la medida, en el marco de la investigación que lleva adelante por los disturbios perpetrados durante la mañana del miércoles 19 de setiembre y que dejaron como saldo un herido de gravedad, producto de un disparo de bala.
En el requerimiento de la fiscal, los detenidos Juan Sandoval, Moisés Ale, Héctor Gómez, Raúl Flores, David Juárez, Enzo Navarro, Luis Gómez, Juan José Alanís, Oscar Lynch y Dante Ale son acusados de presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y de lesiones con armas de fuego. Otro involucrado en la causa, Sergio Tripoloni (h), aún permanece prófugo de la Justicia.
Los abogados Carlos Picón y Leonardo Coria, que asisten a la familia de Ramón Paz, el vial de 61 años que sufrió el disparo, habían solicitado la prisión preventiva para Sandoval y Ale. Según Picón, a estas dos personas la prueba de parafina les dio positivo. “La decisión nos deja tranquilos, porque estamos convencidos de que Paz no participó ni pretendió participar de la trifulca. A él, además, le dio negativo el dermotest”, señaló el abogado, que pidió a Marnero que permita a Sergio Paz, hijo del herido, asumir la querella en la causa. El hombre continúa internado en el Hospital Padilla, con daños neurológicos irreversibles y sin movilidad en los cuatro miembros.
El letrado dijo que, a partir de este requerimiento de la fiscal Marnero, insistirán en su pedido para que las compañías de telefonía celular remitan informes sobre los números de todas las personas involucradas y los chips que fueron comprados por estas.
También, solicitarán a la fiscal que se efectúe un cruce de llamadas desde cinco días antes del violento hecho, a fin de encontrar indicios que permitan avanzar en la hipótesis de que se trató de un incidente premeditado.
“No descartamos algún tipo de participación de nadie”, respondió cuando se le consultó por la situación de los dirigentes Pedro Teruel, quien encabezó una de las movilizaciones al sindicato; y de Manuel Palavecino, el secretario general del gremio vial.
Sin festejos
Desde la trágica mañana del 19 de setiembre, la sede del sindicato, ubicada en avenida Mitre y San Martín, permanece cerrada y bajo custodia policial. También pesa sobre la institución un pedido de intervención ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, solicitado por la Federación Argentina de Trabajadores Viales.
La convulsión generada por el hecho trascendió los límites gremiales y se instaló en el seno de la repartición pública. Durante la semana que pasó se celebró el Día del Camino y de los trabajadores viales. Sólo se realizó un acto oficial en la sede de Vialidad Provincial, pero no se efectuó la tradicional cena anual de los trabajadores.
El viernes, la fiscal Teresita Marnero requirió al juez la medida, en el marco de la investigación que lleva adelante por los disturbios perpetrados durante la mañana del miércoles 19 de setiembre y que dejaron como saldo un herido de gravedad, producto de un disparo de bala.
En el requerimiento de la fiscal, los detenidos Juan Sandoval, Moisés Ale, Héctor Gómez, Raúl Flores, David Juárez, Enzo Navarro, Luis Gómez, Juan José Alanís, Oscar Lynch y Dante Ale son acusados de presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y de lesiones con armas de fuego. Otro involucrado en la causa, Sergio Tripoloni (h), aún permanece prófugo de la Justicia.
Los abogados Carlos Picón y Leonardo Coria, que asisten a la familia de Ramón Paz, el vial de 61 años que sufrió el disparo, habían solicitado la prisión preventiva para Sandoval y Ale. Según Picón, a estas dos personas la prueba de parafina les dio positivo. “La decisión nos deja tranquilos, porque estamos convencidos de que Paz no participó ni pretendió participar de la trifulca. A él, además, le dio negativo el dermotest”, señaló el abogado, que pidió a Marnero que permita a Sergio Paz, hijo del herido, asumir la querella en la causa. El hombre continúa internado en el Hospital Padilla, con daños neurológicos irreversibles y sin movilidad en los cuatro miembros.
El letrado dijo que, a partir de este requerimiento de la fiscal Marnero, insistirán en su pedido para que las compañías de telefonía celular remitan informes sobre los números de todas las personas involucradas y los chips que fueron comprados por estas.
También, solicitarán a la fiscal que se efectúe un cruce de llamadas desde cinco días antes del violento hecho, a fin de encontrar indicios que permitan avanzar en la hipótesis de que se trató de un incidente premeditado.
“No descartamos algún tipo de participación de nadie”, respondió cuando se le consultó por la situación de los dirigentes Pedro Teruel, quien encabezó una de las movilizaciones al sindicato; y de Manuel Palavecino, el secretario general del gremio vial.
Sin festejos
Desde la trágica mañana del 19 de setiembre, la sede del sindicato, ubicada en avenida Mitre y San Martín, permanece cerrada y bajo custodia policial. También pesa sobre la institución un pedido de intervención ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, solicitado por la Federación Argentina de Trabajadores Viales.
La convulsión generada por el hecho trascendió los límites gremiales y se instaló en el seno de la repartición pública. Durante la semana que pasó se celebró el Día del Camino y de los trabajadores viales. Sólo se realizó un acto oficial en la sede de Vialidad Provincial, pero no se efectuó la tradicional cena anual de los trabajadores.







