Adelantan el debate sobre la prisión preventiva

El oficialismo procurará tratar las normas para la detención de los procesados por delitos en la sesión de despedida de la Legislatura.

CARCEL COMUN. Si se cambia el Código Procesal Penal se deberá definir dónde se alojarán los procesados. LA GACETA
CARCEL COMUN. Si se cambia el Código Procesal Penal se deberá definir dónde se alojarán los procesados. LA GACETA
Por Redacción Política 07 Octubre 2007
El proyecto del Gobierno para modificar el Código Procesal Penal y ampliar el instituto de la prisión preventiva atravesó los encolumnamientos políticos partidarios. Así como hay sectores de la oposición que cuestionan la iniciativa, hay legisladores actuales de ese abanico que anunciaron su respaldo, como José Costanzo (Partido Federal) y Pedro Stordeur (Recrear).
Esta situación, sumada al aval adelantado por partidos acoplados al oficialismo, ha redefinido el panorama parlamentario, al punto de que el justicialismo definirá mañana, en su reunión de bloque prevista para las 11, si lleva el tema al recinto el miércoles, en la última sesión del actual mandato legislativo. El PJ sabe que cuenta con los votos suficientes para sancionar los cambios, y calcula que resolverlo ahora implicará un menor costo político que dejarlo para la futura Legislatura.
Contra esta idea se levanta el anuncio del gobernador José Alperovich acerca de que su proyecto será analizado por quienes lleguen a la banca a partir del 29. Sin embargo, el propio vicegobernador saliente, Fernando Juri, acompañaría el adelanto del debate y así lo haría en la Labor Parlamentaria convocada para el mediodía de mañana. En el orden del día anticipado figuran el pliego de Antonio Estofán como nuevo vocal de la Corte Suprema de Justicia (reemplazará a Alfredo Dato) y la creación del Ministerio de Desarrollo Social.
"Hay que buscar soluciones en el problema de la inseguridad. Hoy, los arrebatadores se han convertido en una amenaza para toda la sociedad. Voy a apoyar la iniciativa, aunque creo que el éxito de la medida dependerá del buen criterio de los jueces a la hora de dictar la prision preventiva, porque ellos tendrán la facultad de decidirlo", afirmó Stordeur, quien admitió que será complejo determinar el espacio físico donde serán alojados los detenidos ante el estado del penal de Villa Urquiza.
En el mismo sentido, Costanzo advirtió que hay que dar una vuelta de hoja a la política que se despliega en este asunto. "La biblioteca garantista tuvo serias falencias y falló en varios aspectos. Hay que buscar una alternativa, pero debe estar a medio camino del otro extremo, ya que las circunstancias sociales también tienen impacto. Lo importante es que la sociedad vuelva a tener sensación de seguridad", explicó. Lamentó que la discusión no haya sido más abarcativa y que no esten todos los sectores en la mesa para encontrar una solución plena al régimen procesal penal.

Refutan críticas
El legislador reelecto Carlos Canevaro salió al cruce de las denuncias de que la iniciativa es inconstitucional por violar acuerdos internacionales firmados por la Argentina. Resaltó que sólo se modifica el dictado de la prisión preventiva en casos de flagrancia en robos o hurtos en lugares públicos, o cuando haya portación ilegal de armas. El titular de la acoplada Unión Norte Grande adelantó su respaldo al proyecto en el actual o en el futuro mandato. Negó que sea un avasallamiento al principio de inocencia en juicio ("lo violenta el propio delincuente sorprendido", dijo) o que sea una medida electoralista.
"Avalo el mensaje que se pretende impartir a partir de la instauración de esta idea como política de Estado, por parte del Poder Ejecutivo. No es por cualquier delito, no es en cualquier circunstancia y no es por el mero hecho de la comisión de un delito que se puede dictar la prisión preventiva. La Legislatura posee amplias facultades para legislar en todo lo atinente a los códigos de procedimientos, aunque no a los de fondo", agregó.
Canevaro efectuó un estudio de las legislaciones de Chile, Alemania, Francia, Italia, Portugal y España, y concluyó que en todos esos países le dan la posibilidad a cualquier ciudadano de intervenir como policía y detener al delincuente cuando está cometiendo un ilícito. Aclaró que en la propuesta del gobernador no se llega a este extremo. "En este debate no se está desviando el foco de la problemática de la seguridad sino asumiendo responsabilidades propias. Es cierto que este cambio no resuelve toda la problemática, pero es una herramienta más", finalizó.

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