Liberan fondos para excavaciones en el Pozo de Vargas

La próxima semana, el juzgado federal Nº 2, a cargo de Mario Racedo, contará con los fondos necesarios ($ 10.000) para continuar con las obras de infraestructura imprescindibles para las tareas de excavación en el Pozo de Vargas. Respecto de este existe una investigación en marcha para determinar si en él se arrojaban cadáveres de víctimas y de perseguidos políticos durante el última gobierno militar.   
“El magistrado nos manifestó que, desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, están garantizados los fondos para la reparación del brocal (es una suerte de baranda que sirve para evitar que alguien caiga en el pozo) y la puesta en funcionamiento del ascensor. Esto permitiría descender, porque nadie sabe qué profundidad tiene”, aseguró Bernardo Lobo Bugeau, ex secretario de Derechos Humanos.
El letrado concurrió ayer junto a otros integrantes de organismos defensores de los derechos humanos (algunos actúan como querellantes en algunos expedientes) a una audiencia con Racedo. “Fue muy importante para conocer el estado de las investigaciones del desminado del ex arsenal Miguel de Azcuénaga. Sirvió también para aclarar malas interpretaciones que hubo sobre la cuestión que nos preocupa: que no se estanquen las causas”, dijo.
En el caso del ex arsenal, el Ejército envió a Tucumán a Leandro Villegas (jefe del Centro de Entrenamiento de Desminado Humanitario del Comando de Ingenieros) y a Néstor Pedroso (jefe del Departamento de Protección Civil del mismo comando) para que definan las medidas que urge tomar para iniciar las tareas. El objetivo es determinar si existen minas terrestres. Sólo entonces Racedo podrá avanzar con el fin de esclarecer si en el lugar hay fosas comunes con cadáveres de víctimas de la última dictadura.