Lentamente, los concursos, como método para asegurar la igualdad de oportunidades en la cobertura de cargos en la Justicia, se van imponiendo como una exigencia de la sociedad. El Colegio de Abogados de esta capital pidió a la Corte Suprema de la Provincia que los 14 cargos jerárquicos que pretenden crear en el abarrotado fuero de Familia y Sucesiones sean cubiertos mediante este procedimiento.
Por medio de una nota, Antonio Bustamante (presidente) y Francisco García Posse (secretario), elogiaron la decisión de que cada uno de los siete juzgados de Familia y Sucesiones de esta ciudad cuente con un secretario y con un prosecretario más. “Vemos con beneplácito toda resolución que tome esta Corte y que tenga por finalidad mejorar la administración de Justicia, por lo que esta medida nos parece importante para solucionar los problemas inmediatos”, destacaron.
No obstante, en la misiva dirigida al vocal decano a cargo de la presidencia del alto tribunal, René Goane, los dirigentes solicitaron que sean arbitrados los medios necesarios para que las vacantes sean cubiertas mediante concursos públicos de oposición (prueba escrita) y antecedentes de postulantes. “Esto garantizará la idoneidad y honestidad que debe tener un funcionario del Poder Judicial, así como la transparencia en la designación, lo que contribuirá a una eficaz e independiente administración de justicia”, resaltaron.
Los letrados tampoco dejaron pasar la oportunidad para recordar que la Justicia atraviesa por una coyuntura muy particular. “Esto merece un estudio profundo, con la participación de todos los estamentos interesados, de manera de diseñar para el futuro una estructura adecuada a los tiempos y necesidades de nuestra sociedad”, recalcaron.
La excepción
La Constitución provincial sancionada en 2006 establece que, salvo los vocales de Corte, los jueces deben ser seleccionados mediante un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), cuyo dictamen será vinculante y que, entre otros, tendrá como criterios rectores la celebración de concursos de oposición y antecedentes, además de entrevistas a los candidatos. Este sistema aún no pudo ser implementado, porque el Colegio de Abogados cuestionó judicialmente la manera en que el Poder Ejecutivo, mediante decreto, integró el CAM en 2006.
En cambio, en el caso de los funcionarios (secretarios y prosecretarios) y de los empleados, el ingreso depende del cuerpo que ejerce la superintendencia del Poder Judicial: la Corte Suprema. Esta, el año pasado, excepcionalmente, convocó a dos concursos para la cobertura de 15 cargos de ayudante fiscal (penal) y de 10 cargos de secretario de Concursos y Quiebras en los juzgados en lo Civil y Comercial Común (funcionan ocho en esta capital y dos en Concepción).
Por medio de una nota, Antonio Bustamante (presidente) y Francisco García Posse (secretario), elogiaron la decisión de que cada uno de los siete juzgados de Familia y Sucesiones de esta ciudad cuente con un secretario y con un prosecretario más. “Vemos con beneplácito toda resolución que tome esta Corte y que tenga por finalidad mejorar la administración de Justicia, por lo que esta medida nos parece importante para solucionar los problemas inmediatos”, destacaron.
No obstante, en la misiva dirigida al vocal decano a cargo de la presidencia del alto tribunal, René Goane, los dirigentes solicitaron que sean arbitrados los medios necesarios para que las vacantes sean cubiertas mediante concursos públicos de oposición (prueba escrita) y antecedentes de postulantes. “Esto garantizará la idoneidad y honestidad que debe tener un funcionario del Poder Judicial, así como la transparencia en la designación, lo que contribuirá a una eficaz e independiente administración de justicia”, resaltaron.
Los letrados tampoco dejaron pasar la oportunidad para recordar que la Justicia atraviesa por una coyuntura muy particular. “Esto merece un estudio profundo, con la participación de todos los estamentos interesados, de manera de diseñar para el futuro una estructura adecuada a los tiempos y necesidades de nuestra sociedad”, recalcaron.
La excepción
La Constitución provincial sancionada en 2006 establece que, salvo los vocales de Corte, los jueces deben ser seleccionados mediante un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), cuyo dictamen será vinculante y que, entre otros, tendrá como criterios rectores la celebración de concursos de oposición y antecedentes, además de entrevistas a los candidatos. Este sistema aún no pudo ser implementado, porque el Colegio de Abogados cuestionó judicialmente la manera en que el Poder Ejecutivo, mediante decreto, integró el CAM en 2006.
En cambio, en el caso de los funcionarios (secretarios y prosecretarios) y de los empleados, el ingreso depende del cuerpo que ejerce la superintendencia del Poder Judicial: la Corte Suprema. Esta, el año pasado, excepcionalmente, convocó a dos concursos para la cobertura de 15 cargos de ayudante fiscal (penal) y de 10 cargos de secretario de Concursos y Quiebras en los juzgados en lo Civil y Comercial Común (funcionan ocho en esta capital y dos en Concepción).







