Casino Club se va, pero el PE insiste ante la Justicia

Al mismo tiempo en que Casino Club anunció su retiro de Tucumán, la Provincia reactivó la causa judicial que frenó la instalación de 1.000 máquinas tragamonedas en el Hipódromo. Por medio de la Fiscalía de Estado, el Poder Ejecutivo interpuso un recurso de casación en contra de la última decisión adoptada en el proceso por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo: la de permitir la producción de pruebas a fin de dilucidar el impacto ambiental que ocasionaría la radicación de la sala de juegos en el parque 9 de Julio.
En el escrito, el Gobierno cuestionó la actuación de la Sala II y replicó la sentencia firmada el 28 de agosto por los vocales Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek. En el fallo, los camaristas habían rechazado recursos de revocatoria planteados por la Provincia, el Jockey Club, la Caja Popular de Ahorros y Casino Club, y habían ordenado la sustanciación de pruebas a cinco instituciones ofrecidas por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán, impulsora del juicio en 2004.
Sobre la base de esa sentencia, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT; los colegios profesionales de Arquitectos y de Bioquímicos de Tucumán; y las sociedades de Amigos de la Ciudad y del Arbol debían remitir opiniones sobre las consecuencias ambientales que tendría la instalación de las 1.000 tragamonedas en el hipódromo. Ahora, el PE cuestionó esa decisión y adujo que sólo dilatará la marcha de la causa judicial, y pretende que sea la Corte Suprema de Justicia la que intervenga en el proceso.

Sorpresa en Tribunales
La interposición de un recurso de casación por parte del Gobierno, justo en momentos en que Casino Club desistió de continuar con su radicación en la provincia y formalizó su partida, causó sorpresa en Tribunales. Idéntica sensación produjo entre los integrantes de la federación ambiental que inició el expediente judicial.
Un recurso de casación es una medida extraordinaria, que tiene por objeto anular una sentencia judicial por entender que asume una incorrecta interpretación o aplicación de la ley y que debe ser resuelta por un tribunal superior de justicia. Habitualmente, le corresponde fallar sobre el recurso al órgano de mayor jerarquía. En este caso, sería la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Por ello, el secretario general de la federación ambiental, Juan Manuel Prado Iratchet, ya advirtió sobre eventuales recusaciones a miembros del alto tribunal. “La partida de Casino Club daría por concluida la causa, porque el motivo por el que la impulsamos (probable daño ambiental en el parque) ya no existiría. Por eso nos sorprende esta presentación del Gobierno y nos obliga a preguntarnos si realmente es cierto que Casino Club se irá de Tucumán. De todas formas, llegado el momento, estamos advirtiendo que tendremos que recusar a algunos vocales de la Corte”, sostuvo.