Por Redacción Política
23 Septiembre 2007
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La decisión del intendente de la capital, Domingo Amaya, de otorgar un año más de gracia para que los empresarios del transporte urbano de pasajeros puedan regularizar su situación podría desembocar en un conflicto de poderes.
El 13 de agosto, el jefe municipal firmó el decreto 3548/07 en el que dispone ese beneficio a los empresarios, pero el Concejo Deliberante nunca debatió ese instrumento en el recinto de sesiones. Por esa razón, desde la intendencia se entiende que la medida entró en vigencia. Así lo notificó, a través de un escrito firmado por el subsecretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci. Sin embargo, en el Concejo Deliberante no cayó bien la medida, ya que se interpreta como un avasallamiento.
El vicepresidente del cuerpo, José Luis Avignone (UCR), fue el primero en reaccionar contra esta disposición de la intendencia. El edil envió un escrito en el que rechaza esa determinación de Amaya. “Señor intendente -dice el escrito-, de no rectificarse esta actitud, vamos inexorablemente tarde o temprano a un conflicto de poderes, amén de declarar nulo todo lo actuado”, advirtió.
Los beneficiados
El decreto de Amaya beneficia a los empresarios propietarios de las líneas de ómnibus 4, 5, 8, 11 y 18, entre otras. Estas empresas tienen vencidas sus concesiones; en algunos casos desde 2005, sin que hasta la fecha hayan cumplido todos los requisitos legales para la renovación del permiso municipal.
El intendente resaltó que la prórroga de un año no tendrá otra extensión y que -en caso de incumplimiento- se procederá a la caducidad de las concesiones. Avignone, por su parte, insistió en que no es lícito actuar como lo hizo Amaya, ya que las facultades especiales dispuestas para la intendencia (ordenanza 3397), tienen aplicación estricta a cuestiones vinculadas a la emergencia económica.
“Le requiero una rectificación de rumbo para un mutuo respeto entre las instituciones. Por más votos que hayan obtenido en las elecciones, estos no dan derecho a avasallamientos sino a un mayor respeto y obligaciones con el soberano”, afirmó.
El 13 de agosto, el jefe municipal firmó el decreto 3548/07 en el que dispone ese beneficio a los empresarios, pero el Concejo Deliberante nunca debatió ese instrumento en el recinto de sesiones. Por esa razón, desde la intendencia se entiende que la medida entró en vigencia. Así lo notificó, a través de un escrito firmado por el subsecretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci. Sin embargo, en el Concejo Deliberante no cayó bien la medida, ya que se interpreta como un avasallamiento.
El vicepresidente del cuerpo, José Luis Avignone (UCR), fue el primero en reaccionar contra esta disposición de la intendencia. El edil envió un escrito en el que rechaza esa determinación de Amaya. “Señor intendente -dice el escrito-, de no rectificarse esta actitud, vamos inexorablemente tarde o temprano a un conflicto de poderes, amén de declarar nulo todo lo actuado”, advirtió.
Los beneficiados
El decreto de Amaya beneficia a los empresarios propietarios de las líneas de ómnibus 4, 5, 8, 11 y 18, entre otras. Estas empresas tienen vencidas sus concesiones; en algunos casos desde 2005, sin que hasta la fecha hayan cumplido todos los requisitos legales para la renovación del permiso municipal.
El intendente resaltó que la prórroga de un año no tendrá otra extensión y que -en caso de incumplimiento- se procederá a la caducidad de las concesiones. Avignone, por su parte, insistió en que no es lícito actuar como lo hizo Amaya, ya que las facultades especiales dispuestas para la intendencia (ordenanza 3397), tienen aplicación estricta a cuestiones vinculadas a la emergencia económica.
“Le requiero una rectificación de rumbo para un mutuo respeto entre las instituciones. Por más votos que hayan obtenido en las elecciones, estos no dan derecho a avasallamientos sino a un mayor respeto y obligaciones con el soberano”, afirmó.
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