En su disertación, durante el XVIII Congreso Argentino de Profesores de Derecho Constitucional, el jurista rosarino Néstor Pedro Sagüés advirtió sobre los peligros que supone el fenómeno de la desconstitucionalización. Entre los indicadores del desmontaje de las Cartas Magnas, citando al suizo Werner Kägy, el catedrático mencionó: “la delegación de competencias legislativas y la ‘concesión de plenos poderes’ al Poder Ejecutivo, confiriéndole un ‘poder constitucional exorbitante’. También señaló como anomalía “la identificación entre derecho y política, y entre el ordenamiento populista y el derecho”.
El profesor de las universidades nacionales de Rosario y de Buenos Aires describió las diferentes maneras en que la doctrina precisa el concepto de desconstitucionalización: como abandono de los principios políticos liberales clásicos, como derogación sociológica de las normas constitucionales y como pérdida del rango constitucional de las normas establecidas en una Carta Magna, entre otras.
Una negación
Cuando llegó el momento del reexamen de las ideas desarrolladas, el tratadista aseveró: “un nuevo encuadre del concepto de ‘desconstitucionalización’ obliga recordar que el prefijo ‘des’ denota negación o inversión del significado de la palabra a la que es antepuesto. Por ende, aplicado a nuestro caso, implica negación o inversión de una constitucionalización”. E inmediatamente dio seis ejemplos de este fenómeno.
Entonces, Sagüés dedicó un inciso a esta provincia. “El primer sentido de la ‘desconstitucionalización’ es, consecuentemente, quitar rango constitucional a algo que tiene esa calidad. Eso puede producirse por vía de reforma expresa de la Constitución, ya sea eliminando del escenario jurídico a un instituto incluido en la Constitución (así, la reforma de Tucumán del año 2006 borró al Tribunal Constitucional formalmente creado por la Constitución local de 1990)”, subrayó.
La segunda manera de desconstitucionalizar un instituto, según el autor, consiste en mantenerlo en un plano subconstitucional. “Un ejemplo de ello es el tema del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, punto tratado en el texto de 1853 (artículo 91), que los fijaba en nueve, pero que a partir de la reforma de 1860 desaparece (tal cifra) de la Constitución formal –actual artículo 108- y se regula por ley)”, aclaró.
En el ejemplo tucumano, el Tribunal Constitucional había sido mentado por Fernando López de Zavalía, pero, como consecuencia de las críticas que recibió, jamás pudo ponerse en funcionamiento, pese a haber sido previsto por la Constitución de 1990.
El profesor de las universidades nacionales de Rosario y de Buenos Aires describió las diferentes maneras en que la doctrina precisa el concepto de desconstitucionalización: como abandono de los principios políticos liberales clásicos, como derogación sociológica de las normas constitucionales y como pérdida del rango constitucional de las normas establecidas en una Carta Magna, entre otras.
Una negación
Cuando llegó el momento del reexamen de las ideas desarrolladas, el tratadista aseveró: “un nuevo encuadre del concepto de ‘desconstitucionalización’ obliga recordar que el prefijo ‘des’ denota negación o inversión del significado de la palabra a la que es antepuesto. Por ende, aplicado a nuestro caso, implica negación o inversión de una constitucionalización”. E inmediatamente dio seis ejemplos de este fenómeno.
Entonces, Sagüés dedicó un inciso a esta provincia. “El primer sentido de la ‘desconstitucionalización’ es, consecuentemente, quitar rango constitucional a algo que tiene esa calidad. Eso puede producirse por vía de reforma expresa de la Constitución, ya sea eliminando del escenario jurídico a un instituto incluido en la Constitución (así, la reforma de Tucumán del año 2006 borró al Tribunal Constitucional formalmente creado por la Constitución local de 1990)”, subrayó.
La segunda manera de desconstitucionalizar un instituto, según el autor, consiste en mantenerlo en un plano subconstitucional. “Un ejemplo de ello es el tema del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, punto tratado en el texto de 1853 (artículo 91), que los fijaba en nueve, pero que a partir de la reforma de 1860 desaparece (tal cifra) de la Constitución formal –actual artículo 108- y se regula por ley)”, aclaró.
En el ejemplo tucumano, el Tribunal Constitucional había sido mentado por Fernando López de Zavalía, pero, como consecuencia de las críticas que recibió, jamás pudo ponerse en funcionamiento, pese a haber sido previsto por la Constitución de 1990.







