Juristas critican el reconocimiento legal de los DNU

Durante el XVIII Congreso Argentino de Profesores de Derecho Constitucional, que concluyó hace ocho días en Paraná (Entre Ríos), no sorprendió que algunos docentes tucumanos hayan criticado la Constitución provincial sancionada el año pasado por impulso del oficialismo. Pero sí que otros expositores de peso nacional, como el reconocido jurista rosarino Néstor Pedro Sagüés ("Un experto..."), entre otros, hayan hecho referencia -y no para elogiarla precisamente- a la Carta Magna. El texto, por cierto, está cuestionado judicialmente; ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo fueron interpuestas seis demandas por medio de las cuales están impugnadas numerosas disposiciones constitucionales.
Una de las comisiones más interesantes del encuentro fue aquella en la que los especialistas discutieron el fenómeno de la desconstitucionalización, entendido como desvalorización o reducción de la importancia de las Cartas Magnas. Sagüés, profesor de la Universidad Nacional de Rosario, definió así el concepto: "importa ceñir la Constitución a un conjunto de ?reglas de organización?, relativas a la erección y funcionamiento de los poderes del Estado, quitándole la ?parte dogmática? y reduciendo a la ley suprema, en verdad, a un ?code de procédure constitutionnel? o código de procedimiento de la operatividad de los órganos de gobierno".
Haciéndose eco de conclusiones del suizo Werner Kägy, el catedrático insistió: "desde esta perspectiva, la Constitución, circunscripta a su ?parte orgánica?, no se ocupa por enunciar los derechos de las personas, que en definitiva pasan a tener categoría legislativa, pero no constitucional". Y luego, acotó: "el legislador goza de un enorme margen para determinar el contenido de las leyes, ya que no está condicionado, respecto de ese contenido, por derechos de nivel constitucional".

Preocupante avance
Quién más aludió a la Constitución tucumana (para justificar algunas de sus conclusiones) fue Calogero Pizzolo, cuya ponencia se tituló: "Presidencialismo o autocracia (las competencias del Poder Ejecutivo en materia de decretos de necesidad y urgencia)".
El autor lamentó que la reforma de la Constitución nacional de 1994 haya incorporado los decretos de necesidad y urgencia (DNU) como facultad del Poder Ejecutivo. "La construcción de la autocracia como forma de gobierno alcanza con ello uno de sus logros más firmes al revestir, con el cotizado barniz de la legalidad constitucional, una práctica legislativa anormal", definió.
Pizzolo recalcó que, por medio de los DNU, el Poder Ejecutivo colegisla literalmente con el Poder Legislativo. "Sin vacilar, por ejemplo, se asevera aquí que frente a la falta de ?celeridad? del mismo Congreso, el titular del Ejecutivo puede ?instar? ?léase presionar- a aquél órgano, a través de un DNU, a que apruebe o no sus iniciativas", subrayó.
Luego, el jurista recordó que, en el orden nacional, dentro de los 10 días, el jefe de Gabinete debe someter el DNU a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. "La mayoría de las Constituciones provinciales que reconocen los DNU prevén un plazo aún menor de cinco días para que éste sea considerado por la Legislatura", aseveró. Y entre los ejemplos usó el artículo 101, inciso 2 de la Constitución de Tucumán.
El docente de la Universidad de Buenos Aires criticó a la Ley nacional 26.122, que establece el régimen legal de los DNU. "El ejercicio autocrático del poder que confirma la Ley 26.122 no constituye, lamentablemente, una experiencia inédita en el Derecho Público argentino. Muchas Constituciones provinciales reformadas recientemente optaron por soluciones similares al otorgar al silencio de la Legislatura respectiva -órgano natural de control de los DNU- el valor de una declaración positiva a favor de su vigencia", dijo. Y mencionó los casos de Salta, Río Negro, La Rioja y "el artículo 101, inciso 2 de la Constitución de Tucumán".