Un trabajador del Epret dice que el gremio lo persigue

Una denuncia penal en contra de dos empleados del Ente Provincial Regulador de Energía de Tucumán (Epret) desató una persecución gremial interna que incluye amenazas de muerte. Así lo aseguró el trabajador José Luis Ruiz, que aseveró que tras el pedido de investigación, por supuesta usurpación de títulos y fraude en perjuicio de la administración pública, recibió llamados intimidatorios.
Con el patrocinio del abogado Rodolfo Tercero Burgos, el legislador Alejandro Sangenis denunció ante la Justicia que Marcelo Edmundo Palacios y María Elizabeth Granelli “presentaron títulos apócrifos en ese organismo para cobrar adicionales funcionales, con los que no sólo han exhibido un título que no poseen sino que, además, han estafado al fisco”, según señaló entre sus fundamentos el parlamentario opositor.
En la demanda, Sangenis planteó que las irregularidades se detectaron en una auditoría que se realizó en el Epret y remarcó que ambos empleados habían sido ascendidos en sus categorías. Tras la publicación de la demanda, el empleado Ruiz denunció que el martes recibió amenazas de muerte por parte de algunos dirigentes sindicales, tanto por teléfono como a nivel personal. “Recibí las amenazas de parte de integrantes de la comisión directiva gremial del Epret (Ateret), que además son afiliados de ATE”, advirtió Ruiz.
El empleado envió notas al ministro de Seguridad, Mario López Herrera, y al interventor del Epret, Augusto Contreras. “Hago directos responsables a los integrantes de la actual intervención (además de Contreras, a Ricardo Santoro y a Juan José Aguilar Krieg) de cualquier perjuicio sobre mi familia y mi persona. Esto es producto de una manifiesta inacción de la gestión, que a pesar de conocer perfectamente el estado de anormalidad existente nada hicieron al respecto. Luego de casi 30 meses de intervención contrataron a una abogada, a los efectos de iniciar los sumarios administrativos correspondientes”, sostuvo el empleado.