Un análisis de Roberto Delgado, prosecretario de Redcción LA GACETA.Su historia los delata. Los actuales dirigentes viales de Tucumán no confían en ellos mismos; se denuncian unos a otros ante la Justicia cuando pierden una elección y cada dos por tres son protagonistas de una trifulca violenta. Grupos temibles cuidan sus espaldas; cuando están en el poder -en forma precaria y tensionante- desafilian a sus contrincantes y luego les niegan potestad para actuar; y con demasiada frecuencia hay balas cerca de sus acciones.
El ex dirigente y actual legislador José Teri reconoció en 2005 que andaba armado para protegerse; y ahora se dice que los guardaespaldas de su oponente, Manuel Palavecino, son gente vinculada a los Ale y con antecedentes penales -son los detenidos ayer por la brutal agresión a un sereno que anoche se debatía entre la vida y la muerte-. En el medio está la pelea por las posesiones sindicales. Hay una denuncia por el uso irregular de 3 millones de pesos. Los gremialistas de hoy viven del crédito que les da la salud de sus afiliados. Eso explica que sean antidemocráticos y que se peleen.
Lo que no se entiende es que, pese a sus antecedentes, la Justicia y la Policía hayan permitido que estos grupos violentos vuelvan a agredirse en medio de la gente normal, a metros del colegio María Auxiliadora, de los comercios, de las casas. Ellos salen decididos a imponer sus intereses con látigos, ladrillos y armas. Pero es la sociedad la que los sufre.










