La elección pasó inadvertida en el recinto

El resultado de los comicios del 26 de agosto estuvo ausente de la sesión legislativa que se realizó ayer. Las consideraciones vertidas en el recinto tuvieron un tono marcadamente apolítico. Las manifestaciones generales estuvieron reducidas a las intervenciones del opositor Alejandro Sangenis, quien efectuó denuncias sobre el manejo de los fondos del Ente Tucumán Turismo, y del oficialista Sisto Terán, quien defendió la honorabilidad de la ex titular del área, Mercedes Paz (ver "Objetan..."). De hecho, la celeridad fue la otra característica de la deliberación de ayer. Entre las 11.45 y las 15.40, los parlamentarios agotaron el tratamiento de 29 proyectos.
Los únicos encontronazos verbales estuvieron dados por los parlamentarios del propio oficialismo, a las 12.15, cuando se debatió el proyecto de ley de Rodolfo Ocaranza (PJ), Juan Robles (UCR) y Fernando Juri Debo (PJ) para delegar en el Colegio Médico el gobierno de la matrícula y el control del ejercicio profesional de los médicos que ejerzan dentro de la provincia. Hoy es el Sistema Provincial de Salud el que se encarga de esos asuntos. Ocaranza presentó el proyecto y pidió su aprobación. Argumentó, fundamentalmente, que la colegiación es promovida por la nueva Constitución y que el Colegio Médico es el único que no controla la matrícula de los profesionales de su área.
Pero el tema encontró una airada respuesta de su par de bancada, Beatriz Avila, quien repudió que el proyecto no hubiera sido girado a la comisión de Salud Pública que ella preside. A la vez, manifestó que ese organismo asumió, de oficio, el diálogo con los sectores vinculados, y leyó numerosos pronunciamientos en contra de la propuesta. Tras afirmar que a la iniciativa le faltaba consenso político, afirmó: "nos quedan dos meses y es deseable que no repitamos historias antiguas de legislaturas que terminaban mandatos y distribuían cargos".
La respaldó Sisto Terán, quien dijo que tiene aversión por la colegiación, a la que tildó de "curro corporativo". A la vez, sentenció que el meollo del asunto consistía en que un grupo de médicos, que integra una institución con 1.000 afiliados, "está interesado en la plata de los 7.000 médicos que están matriculados en el Siprosa".
Al cruce de estas manifestaciones salió José Alberto Cúneo Vergés, quien le recordó a Terán que la historia del peronismo está profundamente vinculada con la asociación y la agremiación de las personas que comparten profesiones y oficios. El aliado del oficialismo, Carlos Canevaro, refutó a Avila y le dijo que no compartía su afirmación de que con el proyecto se estaban creando cargos o acomodando futuros nombramientos.
En igual sentido se despachó Ocaranza. "Ninguno de los miembros de la comisión de Legislación General, que dictaminó el proyecto, es médico", le recordó. Y rememoró que esta Cámara delegó en el control de la matrícula de los trabajadores sociales en el respectivo colegio (era manejada por el Siprosa), sin darle injerencia a la comisión de Salud Pública.
En ese contexto, el radical José Cano reclamó coherencia a los parlamentarios. "Creamos hasta un colegio para profesores de educación física, pero se niegan a que el Colegio Médico maneje la matrícula de los médicos", condenó.
Precisamente, Ocaranza pidió que el tema no se tratara y que pasara a la comisión de Avila.

Seguridad y Justicia
La sesión de ayer fue prolifíca en materia de proyectos aprobados que provenían de la comisión de Seguridad y Justicia.
Los parlamentarios avalaron la creación de dos nuevas fiscalías penales en el Centro Judicial Monteros. A la vez, crearon una Fiscalía de Circunscripción. Es una prueba piloto para radicar una Fiscalía Penal fuera de los Tribunales, con asiento físico en un barrio (aún no determinado) de la capital, con la finalidad de que los vecinos puedan acercar las denuncias no sólo a la Policía sino a un funcionario judicial, que pueda ordenar acciones inmediatas.
De igual manera, se decidió dar competencias específicas a dos fiscalías penales. Una, de la capital, entenderá en los delitos contra la integridad sexual; y la otra, de Concepción, en los delitos de abigeato (cuatrerismo).
Lo que no prosperó fue la propuesta de modificar el Código Procesal Penal para permitir que se dicte prisión preventiva por delitos de hurto. El peronista Juan Eduardo Rojas advirtió que la propuesta colisionaba con garantías constitucionales, como la de presunción de inocencia, por lo que el tema volvió a comisión, con el compromiso de que sea tratado en la próxima sesión.