La Legislatura aprobó la creación del Ministerio del Interior
El número de carteras se eleva a siete. En la sesión, además, se avaló al pliego de Vidal para asumir en el Tribunal de Cuentas; el IPLA manejará la totalidad del dinero que recaude y crearon un canon, que deberán pagar las nuevas construcciones, destinado a invertir en obras sanitarias en la capital tucumana.
Luego de 54 días de inactividad, sesionó la Legislatura de Tucumán y aprobó la creación de un Ministerio del Interior, a través de la modificación de la Ley de Ministerios. Con la nueva área, se eleva a siete el número de carteras.
Además, dieron el aval al pliego de Marcelo Vidal, propuesto para que asuma como vocal del Tribunal de Cuentas. Este cargo se encuentra acéfalo desde julio de 2004, cuando se produjo el deceso de Darío Domingo de Prada. Vidal es funcionario de carrera del organismo de contralor.
Los parlamentarios modificaron la ley que crea el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), mediante la cual el organismo podrá hacerse cargo del 100% del dinero que recaude. Hasta el momento, el IPLA compartía el 40% de lo recaudado con la Secretaría de Lucha contra las Adicciones.
También aprobaron la creación de un canon que se le aplicará a las nuevas construcciones de edificios o ampliaciones que se realicen dentro de las cuatro avenidas. Lo recaudado será destinado a la concreción de obras para mejorar la provisión de agua potable en la capital tucumana. A tal efecto, decidieron ampliar el perímetro que comprende a las cuatro avenidas: Sarmiento-Belgrano, Ejército del Norte-Colón, Roca y Brígido Terán-Soldati.
Además, aprobaron la concreción de una segunda fiscalía penal para el centro judicial de Monteros, que abarcará también a los departamentos de Tafí del Valle y de Famaillá; y una fiscalía de circunscripción para la capital. Esta última será parte de una prueba que consistirá en instalar un despacho judicial en un barrio con un accionar similar al de una comisaría.
En la última sesión del año 2005 (28 de diciembre) la Cámara había autorizado la creación de cinco fiscalías de Instrucción Penal, para que tres de ellas funcionen en capital y las otras dos en Tafí Viejo y en Banda del Río Salí. El primero de febrero de 2006, el Poder Ejecutivo vetó la norma.
En esa ocasión, Alfredo Carlos Dato -por ese entonces titular de la Corte Suprema de Justicia- se pronunció a favor del veto. Con la creación de las fiscalías barriales, no se podrá designar los fiscales que las conformarán, ya que la Justicia mantiene suspendida la integración del Concejo Asesor de la Magistratura, encargado de elegir a los miembros del Poder Judicial. LA GACETA ©
Además, dieron el aval al pliego de Marcelo Vidal, propuesto para que asuma como vocal del Tribunal de Cuentas. Este cargo se encuentra acéfalo desde julio de 2004, cuando se produjo el deceso de Darío Domingo de Prada. Vidal es funcionario de carrera del organismo de contralor.
Los parlamentarios modificaron la ley que crea el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), mediante la cual el organismo podrá hacerse cargo del 100% del dinero que recaude. Hasta el momento, el IPLA compartía el 40% de lo recaudado con la Secretaría de Lucha contra las Adicciones.
También aprobaron la creación de un canon que se le aplicará a las nuevas construcciones de edificios o ampliaciones que se realicen dentro de las cuatro avenidas. Lo recaudado será destinado a la concreción de obras para mejorar la provisión de agua potable en la capital tucumana. A tal efecto, decidieron ampliar el perímetro que comprende a las cuatro avenidas: Sarmiento-Belgrano, Ejército del Norte-Colón, Roca y Brígido Terán-Soldati.
Además, aprobaron la concreción de una segunda fiscalía penal para el centro judicial de Monteros, que abarcará también a los departamentos de Tafí del Valle y de Famaillá; y una fiscalía de circunscripción para la capital. Esta última será parte de una prueba que consistirá en instalar un despacho judicial en un barrio con un accionar similar al de una comisaría.
En la última sesión del año 2005 (28 de diciembre) la Cámara había autorizado la creación de cinco fiscalías de Instrucción Penal, para que tres de ellas funcionen en capital y las otras dos en Tafí Viejo y en Banda del Río Salí. El primero de febrero de 2006, el Poder Ejecutivo vetó la norma.
En esa ocasión, Alfredo Carlos Dato -por ese entonces titular de la Corte Suprema de Justicia- se pronunció a favor del veto. Con la creación de las fiscalías barriales, no se podrá designar los fiscales que las conformarán, ya que la Justicia mantiene suspendida la integración del Concejo Asesor de la Magistratura, encargado de elegir a los miembros del Poder Judicial. LA GACETA ©
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