El diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) no baja los brazos. Dedujo un recurso extraordinario federal contra la sentencia por medio de la cual la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió que en la Capital Federal debía investigarse la denuncia formulada por él contra el destituido ex juez federal Felipe Terán por presuntas injurias (desacreditar o deshonrar a otro). El parlamentario arremetió contra Terán luego de que este, en Buenos Aires, lo había denunciado por supuesta tentativa de concusión o extorsión. Según Terán, el legislador le habría ofrecido un acuerdo para que el también diputado Manuel Baladrón (PJ) votara a su favor en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el 18 de octubre de 2006, cosa que finalmente no sucedió.
“La Corte Suprema de la Nación ha sostenido que, en este tipo de delitos, se debe asignar competencia a los jueces del domicilio de las partes con el fin de facilitar la defensa y por razones de economía procesal”, manifestó Jorge Jogna Prat, abogado de Vargas Aignasse, en el escrito por medio del cual solicitó precisamente la intervención del alto tribunal de la Argentina.
El 3 de agosto, la Corte Suprema de Tucumán decidió confirmar la sentencia de la sala II de la Cámara Penal, que se había declarado incompetente territorialmente para entender en la denuncia formulada por Vargas Aignasse. Complementariamente, ordenó remitir la causa a los tribunales porteños.
La resolución de la Corte, que fue firmada por Héctor Eduardo Area Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Dato (aún no había renunciado), concluyó que la competencia corresponde a los tribunales porteños, porque fue allí donde se consumó el supuesto delito. “Es ante periodistas del diario La Nación que Terán refiere en forma que no queda lugar a duda sobre la imputación de Vargas Aignasse”. Esto expresó la sentencia, que no hizo lugar al recurso que el diputado había interpuesto contra el fallo de la Cámara Penal.
Vargas Aignasse, en cambio, considera que son competentes los tribunales provinciales porque es aquí donde se produjeron los efectos supuestamente injuriantes de la imputación de Terán. “La Corte de Tucumán se escapa de las doctrinas legales de la Corte de la Nación sin dar ninguna explicación a su infundada solución. El supremo tribunal del país ha sostenido que, en caso de dudas porque el delito fue cometido en varias jurisdicciones, la fijación del juez natural debe atender fundamentalmente -como regla- a los principios de economía procesal y facilidad de acceso a la Justicia por parte de los involucrados, como garantía de un correcto ejercicio de la defensa”, dijo Jogna Prat, su abogado.
“La Corte Suprema de la Nación ha sostenido que, en este tipo de delitos, se debe asignar competencia a los jueces del domicilio de las partes con el fin de facilitar la defensa y por razones de economía procesal”, manifestó Jorge Jogna Prat, abogado de Vargas Aignasse, en el escrito por medio del cual solicitó precisamente la intervención del alto tribunal de la Argentina.
El 3 de agosto, la Corte Suprema de Tucumán decidió confirmar la sentencia de la sala II de la Cámara Penal, que se había declarado incompetente territorialmente para entender en la denuncia formulada por Vargas Aignasse. Complementariamente, ordenó remitir la causa a los tribunales porteños.
La resolución de la Corte, que fue firmada por Héctor Eduardo Area Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Dato (aún no había renunciado), concluyó que la competencia corresponde a los tribunales porteños, porque fue allí donde se consumó el supuesto delito. “Es ante periodistas del diario La Nación que Terán refiere en forma que no queda lugar a duda sobre la imputación de Vargas Aignasse”. Esto expresó la sentencia, que no hizo lugar al recurso que el diputado había interpuesto contra el fallo de la Cámara Penal.
Vargas Aignasse, en cambio, considera que son competentes los tribunales provinciales porque es aquí donde se produjeron los efectos supuestamente injuriantes de la imputación de Terán. “La Corte de Tucumán se escapa de las doctrinas legales de la Corte de la Nación sin dar ninguna explicación a su infundada solución. El supremo tribunal del país ha sostenido que, en caso de dudas porque el delito fue cometido en varias jurisdicciones, la fijación del juez natural debe atender fundamentalmente -como regla- a los principios de economía procesal y facilidad de acceso a la Justicia por parte de los involucrados, como garantía de un correcto ejercicio de la defensa”, dijo Jogna Prat, su abogado.







