Sean del oficialismo o de la oposición, todas las listas de candidatos a diputados nacionales tendrán un denominador común: una mujer deberá ocupar el primero o el segundo término de la nómina.
Esta exigencia se vincula con la legislación vigente en materia de cupo femenino. El decreto 451, del 5 de mayo de 2005, fijó que las listas de candidatos a cargos electivos debían integrarse con un mínimo del 30% de mujeres.
Pero el espíritu de la normativa es lograr la integración efectiva de las mujeres en la actividad política, mediante medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a los cargos parlamentarios. Por ello, no se queda en la mera mención del porcentaje y (siguiendo antecedentes fijados durante la trunca presidencia de Fernando de la Rúa) pauta que las fuerzas políticas que en las elecciones anteriores hayan consagrado uno o dos diputados nacionales, deben postular a una mujer en alguno de los dos primeros términos.
Idéntica obligación rige para las agrupaciones políticas (sean partidos o alianzas) que no tengan bancas que renovar, ya sea porque se presentan por primera vez, o porque en los comicios anteriores no lograron consagrar a un representante como miembro de la Cámara Baja nacional.
Cuando un frente o un partido viene de conseguir tres o más escaños de diputados nacionales, sí puede llevar a una mujer en el tercer término de la lista. Pero esto sólo es así a partir de la segunda renovación de bancas.
Esta es la razón, según explicaron a LA GACETA fuentes de la Justicia Electoral Nacional, por la que el Frente para la Victoria llevó, finalmente, a Susana Díaz como segunda candidata, y no a Gerónimo Vargas Aignasse, que ocupa el tercer término.
La adecuada observancia a la norma determina que, para un escenario electoral como el tucumano, en el que están cinco bancas en disputa, los partidos deban llevar, además, una segunda candidata mujer entre el tercero y el quinto término.
Esta exigencia se vincula con la legislación vigente en materia de cupo femenino. El decreto 451, del 5 de mayo de 2005, fijó que las listas de candidatos a cargos electivos debían integrarse con un mínimo del 30% de mujeres.
Pero el espíritu de la normativa es lograr la integración efectiva de las mujeres en la actividad política, mediante medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a los cargos parlamentarios. Por ello, no se queda en la mera mención del porcentaje y (siguiendo antecedentes fijados durante la trunca presidencia de Fernando de la Rúa) pauta que las fuerzas políticas que en las elecciones anteriores hayan consagrado uno o dos diputados nacionales, deben postular a una mujer en alguno de los dos primeros términos.
Idéntica obligación rige para las agrupaciones políticas (sean partidos o alianzas) que no tengan bancas que renovar, ya sea porque se presentan por primera vez, o porque en los comicios anteriores no lograron consagrar a un representante como miembro de la Cámara Baja nacional.
Cuando un frente o un partido viene de conseguir tres o más escaños de diputados nacionales, sí puede llevar a una mujer en el tercer término de la lista. Pero esto sólo es así a partir de la segunda renovación de bancas.
Esta es la razón, según explicaron a LA GACETA fuentes de la Justicia Electoral Nacional, por la que el Frente para la Victoria llevó, finalmente, a Susana Díaz como segunda candidata, y no a Gerónimo Vargas Aignasse, que ocupa el tercer término.
La adecuada observancia a la norma determina que, para un escenario electoral como el tucumano, en el que están cinco bancas en disputa, los partidos deban llevar, además, una segunda candidata mujer entre el tercero y el quinto término.







