Quieren saber si la megasala de juego tendrá impacto ambiental

Cinco instituciones de Tucumán deberán remitir informes a la Justicia sobre el impacto ambiental que causaría la instalación de una megasala de juego en el Hipódromo.
La decisión de producir esta prueba en el proceso judicial fue firmada por los camaristas en lo Contencioso Administrativo Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek.
En su sentencia, los magistrados rechazaron los planteos efectuados por el Jockey Club, la Caja Popular de Ahorros, Casino Club y el Estado provincial, que lograron trabar la medida por casi dos años.
Por esta misma razón, el fallo fue interpretado como una importante victoria procesal por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán -impulsoras del juicio-, que consiguieron impedir que Casino Club se instalara en el lugar. La firma dedicada a los juegos de azar tiene montada su sala en avenida Adolfo de la Vega al 400.
Ahora, los jueces esperarán las opiniones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán; los colegios profesionales de Arquitectos y de Bioquímicos de Tucumán, y las sociedades de Amigos de la Ciudad y del Arbol.

Derechos defendidos
"En general, todos los procesos en los que se discute alguna medida relativa al medio ambiente involucran, directa o indirectamente, a toda la comunidad de un modo muy especial, y su resultado repercute sobre la sociedad. No afrontamos un proceso común y ordinario, ni podemos atenernos con rigidez y devoción purista a las reglas procesales pensadas para los procesos entre particulares, sino que se flexibilizan para abrir paso a una concepción mucho más dinámica del proceso", remarcaron los camaristas.
Giovanniello y López Piossek reivindicaron la importancia de articular adecuadamente el trámite del proceso con las garantías constitucionales acordadas a cada una de las partes, a fin de evitar que algún posible vicio pudiese afectar la sentencia definitiva. Por ello, desestimaron los recursos de reconsideración planteados por los denunciados y de nulidad interpuesto por el Estado.
"En atención a la magnitud y trascendencia social del tema que se debate, es importante contar con la colaboración diligente de las partes en la producción de la prueba y en la recolección de la mayor cantidad de elementos de juicio, antes que con su resistencia", sostuvieron en su sentencia. Los magistrados advirtieron, además, que la mayor o menor fuerza de convicción de un determinado medio probatorio, no impide que la prueba sea producida, sino que hace a la valoración que pueda hacerse respecto de él.