Por Redacción Política
02 Septiembre 2007
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El ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, deberá emitir opinión sobre la competencia del máximo tribunal para entender en un recurso de amparo contra el pedido de juicio político que se tramita en la Legislatura, contra los miembros de la Sala II de la Cámara Penal de Concepción.
La presentación fue efectuada por el presidente de ese cuerpo, Diego Vital Graneros, quien enfrenta el pedido de destitución junto con los vocales Juan Carlos Pellegri y Carlos Rolando Meschwitz. Los magistrados fueron acusados por el abogado Gustavo Morales de ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus deberes e incumplimiento reiterado o grave de los deberes inherentes a su cargo.
En la presentación, Morales responsabiliza indirectamente a los magistrados del triple crimen que ocurrió hace dos meses en el sur de la provincia, por el cual la Policía busca a Jorge Vera como principal responsable. Las víctimas fueron la esposa y dos de sus hijos, y el móvil fue presuntamente la venganza por haberlo denunciado por violar a sus hijas, lo que le valió una condena a nueve años de prisión que estaba cumpliendo en el penal de Concepción. En una de sus salidas con permiso (autorizadas por los camaristas), se produjo el múltiple homicidio y convirtió en prófugo.
Graneros pidió a la Justicia que declare la nulidad de todo lo actuado por la Legislatura, lo que haría caer el proceso en su contra. Su planteo gira alrededor del argumento de que la nueva Constitución provincial, vigente desde junio de 2006, establece un mecanismo especial para la destitución de los magistrados a través de un Jurado de Enjuiciamiento (JE). Este cuerpo aún no fue integrado, y su propia creación está cuestionada en la Justicia en las causas contra la reforma. La primera presentación crítica fue hecha por el Colegio de Abogados, que consideró que es un avasallamiento al Poder Judicial, ya que la mayoría de los integrantes del JE pertenecen al estamento político (seis de ocho).
Los camaristas tienen plazo hasta el lunes 10 para presentar sus descargos en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
La presentación fue efectuada por el presidente de ese cuerpo, Diego Vital Graneros, quien enfrenta el pedido de destitución junto con los vocales Juan Carlos Pellegri y Carlos Rolando Meschwitz. Los magistrados fueron acusados por el abogado Gustavo Morales de ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus deberes e incumplimiento reiterado o grave de los deberes inherentes a su cargo.
En la presentación, Morales responsabiliza indirectamente a los magistrados del triple crimen que ocurrió hace dos meses en el sur de la provincia, por el cual la Policía busca a Jorge Vera como principal responsable. Las víctimas fueron la esposa y dos de sus hijos, y el móvil fue presuntamente la venganza por haberlo denunciado por violar a sus hijas, lo que le valió una condena a nueve años de prisión que estaba cumpliendo en el penal de Concepción. En una de sus salidas con permiso (autorizadas por los camaristas), se produjo el múltiple homicidio y convirtió en prófugo.
Graneros pidió a la Justicia que declare la nulidad de todo lo actuado por la Legislatura, lo que haría caer el proceso en su contra. Su planteo gira alrededor del argumento de que la nueva Constitución provincial, vigente desde junio de 2006, establece un mecanismo especial para la destitución de los magistrados a través de un Jurado de Enjuiciamiento (JE). Este cuerpo aún no fue integrado, y su propia creación está cuestionada en la Justicia en las causas contra la reforma. La primera presentación crítica fue hecha por el Colegio de Abogados, que consideró que es un avasallamiento al Poder Judicial, ya que la mayoría de los integrantes del JE pertenecen al estamento político (seis de ocho).
Los camaristas tienen plazo hasta el lunes 10 para presentar sus descargos en la comisión de Juicio Político de la Legislatura.
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