Para vender un auto habrá que pagar las multas

Para registrar la compra o la venta de un vehículo, por ejemplo, los vecinos deberán pagar previamente las multas municipales labradas por infracciones de tránsito cometidas en San Miguel de Tucumán. La imposición, inclusive, regirá para la realización de cualquier trámite en los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor que funcionan en Tucumán y en otras provincias.
La medida forma parte de un convenio firmado entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
El intendente Domingo Amaya no había terminado con los festejos por haber obtenido la reelección cuando envió al Concejo Deliberante una copia del convenio. El lunes, a las 12, ingresó por mesa de entradas del cuerpo deliberativo el decreto 3.771, firmado esa misma mañana por el jefe municipal y por el secretario de Hacienda, Roberto Sollazzi.
El instrumento refiere a un convenio anterior rubricado por Amaya (el 5 de julio), mediante el cual el municipio cede las facultades para percibir las multas por infracciones de tránsito al ente privado que agrupa a los propietarios de concesionarios de automóviles de todo el país. Acara, en Tucumán, es representada por Naúm Alperovich, hermano del gobernador José Alperovich.
El convenio cede las atribuciones que hoy le corresponden al Tribunal de Faltas municipal y torna obligatorio, antes de la realización de cualquier trámite, el pago de las multas. El objetivo, según el intendente Amaya, es mejorar los ingresos municipales en ese concepto. Pero por transferir las atribuciones de agente de percepción de las sanciones impuestas por infracciones de tránsito en esta ciudad, el municipio entregará el 15% de la recaudación bruta, según el convenio.
Acara tendrá la responsabilidad de recolectar todos los fondos que perciban por este rubro los Registros de Automotores. Ese 15% de los ingresos integrará un Fondo Especial Complementario. De ese dinero, un 5% quedará en manos de la asociación de concesionarios de automóviles.
La Municipalidad, en forma mensual, suministrará a los Registros del Automotor la base de datos con las multas labradas. Paralelamente, Acara deberá confeccionar una solicitud tipo. En la planilla, que deberá ser comprada, los usuarios se comprometerán a cancelar la deuda por multas de tránsito cometidas en la capital, como condición previa a la realización de cualquier gestión relativa a los vehículos. Los fondos originados por la venta de las solicitudes pasarán a formar parte de un Fondo de Cooperación Técnica y Financiera, de los que Acara podrá deducir hasta un 30% para afrontar los gastos que ocasione la prestación de los servicios. "Una vez deducidos los costos de suministro y de honorarios de administración de dicho Fondo que percibirá el ente cooperador Acara, el resto de los ingresos se distribuirá en un 30% para el municipio y un 70% para la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor", sostiene la cláusula sexta.
El sistema, que debe ser ratificado por el Concejo Deliberante para su entrada en vigencia, facultará a los responsables de los Registros de la Propiedad del Automotor a cobrar las multas cuando el interesado se presente a realizar cualquiera de los siguientes trámite: transferencia de vehículos, cambios de radicación, domicilio, entreda de duplicado de cédula verde o de título, baja del automotor, cambio de uso, denuncia de robo o hurto, cambio de denominación social y hasta denuncia de venta, posesión o tenencia del rodado.

El convenio podría violar disposiciones legales, según entienden concejales de la oposición, porque se trata de un acuerdo entre el Estado municipal y un ente de carácter privado como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
"Es un tema complejo que debe ser analizado con detenimiento, porque el municipio estaría cediendo facultades propias", expresó el edil Claudio Viña (FR).
El republicano cuestionó que el Departamento Ejecutivo deba resignar recursos para su ejecución (en referencia al 15% de la recaudación bruta que cederá). "También estaríamos haciendo pública información de particulares al abrir la base de datos de los infractores. Es todo muy confuso, porque se está minimizando el rol del Tribunal de Faltas y tampoco se prevé penalidad alguna en caso de incumplimiento de Acara y de los Registros del Automotor, que serán los nuevos agentes de percepción. Que estas entidades bloqueen cualquier trámite, pero que el pago se haga en Rentas del municipio", sostuvo Viña.
El radical José Luis Avignone también cuestionó que el convenio firmado por el intendente involucre a Acara. "Además de los entes estatales, el acuerdo involucra a un tercero de carácter privado que será beneficiario del convenio. Se está efectuando una contratación directa, cuando la ordenanza de contabilidad municipal establece como mecanismo de uso normal a la licitación pública. Es un procedimiento viciado de nulidad, porque Acara responde a intereses particulares, netamente comerciales", objetó el edil, recientemente reelecto.
Avignone recordó que en el municipio ya existe una estructura montada para hacer efectivo el cobro de las multas de tránsito, a través del Tribunal de Faltas y de Fiscalía Municipal. "Si se pretende implementar otro mecanismo, entonces se debería reformular el actual sistema interno del municipio", advirtió el concejal.