El Poder Ejecutivo pretende que la Anses intervenga directamente en el conflicto generado en torno de la vigencia de la ley que dispuso el aumento de los haberes de los jubilados y pensionados transferidos a la Nación al 82% móvil de los sueldos de los trabajadores en actividad.
El planteo lo hizo el abogado de Fiscalía de Estado, Alejandro Torres, en el proceso que se tramita en la Corte Suprema de Justicia de la provincia por impulso del legislador opositor Ernesto Padilla. En ese proceso se debate también sobre otras normas que fueron sancionadas por la Legislatura pero resistidas por el Poder Ejecutivo: la implementación del voto electrónico, la sanción de prácticas clientelares para obtener votos; la normalización perentoria de los entes públicos intervenidos; la prohibición del acople a la fórmula provincial de los partidos municipales y comunales, y el cambio de la Ley de Autarquía Financiera.
Aparte de la presentación del candidato a gobernador de Recrear, en Tribunales también se tramitan acciones similares presentadas por el vicegobernador Fernando Juri; los legisladores Rodolfo Danesi y Juan Roberto Robles, y el diputado nacional Esteban Jerez (los dos últimos, en forma conjunta).
En la causa de Padilla, el escrito contestado por el Gobierno consta de 64 carillas, de las cuales las cinco primeras están destinadas a negar todo lo afirmado por el legislador. A partir de la sexta, comienza su propia argumentación, sustentada por abundante jurisprudencia de la Corte de la Nación.
En lo referido a los jubilados, Torres sostuvo que el convenio de transferencia de la caja previsional a la Nación implicó que la Provincia delegue la facultad de legislar y se abstenga de dictar normas de cualquier tipo sobre esta materia. Agregó que si la Justicia hace lugar a lo solicitado por Padilla y dispone la vigencia de esta ley (la calificó de nula de nulidad absoluta) caería el traspaso. Tampoco se dispone una asignación de fondos para atender el mayor gasto en la materia.
Por ello, reclamó que la Anses se transforme en parte y pueda defender sus derechos, que podrían ser afectados. Hasta tanto, pidió que se paralicen los plazos.
Otros temas
Torres reivindicó también lo hecho por el PE en relación con las otras leyes sancionadas. Afirmó que la reforma al régimen de autarquía en beneficio de los poderes Judicial y Legislativo vulnera la garantía de imparcialidad de los magistrados. Además señaló que, en los casos de las iniciativas que fueron parcialmente vetadas (normalización de los entes intervenidos y leyes electorales), esas objeciones no tuvieron el tratamiento parlamentario adecuado.
Asimismo, Torres aseveró que Padilla carece de legitimación activa para iniciar acciones en la Justicia del tenor de las que interpuso.
El planteo lo hizo el abogado de Fiscalía de Estado, Alejandro Torres, en el proceso que se tramita en la Corte Suprema de Justicia de la provincia por impulso del legislador opositor Ernesto Padilla. En ese proceso se debate también sobre otras normas que fueron sancionadas por la Legislatura pero resistidas por el Poder Ejecutivo: la implementación del voto electrónico, la sanción de prácticas clientelares para obtener votos; la normalización perentoria de los entes públicos intervenidos; la prohibición del acople a la fórmula provincial de los partidos municipales y comunales, y el cambio de la Ley de Autarquía Financiera.
Aparte de la presentación del candidato a gobernador de Recrear, en Tribunales también se tramitan acciones similares presentadas por el vicegobernador Fernando Juri; los legisladores Rodolfo Danesi y Juan Roberto Robles, y el diputado nacional Esteban Jerez (los dos últimos, en forma conjunta).
En la causa de Padilla, el escrito contestado por el Gobierno consta de 64 carillas, de las cuales las cinco primeras están destinadas a negar todo lo afirmado por el legislador. A partir de la sexta, comienza su propia argumentación, sustentada por abundante jurisprudencia de la Corte de la Nación.
En lo referido a los jubilados, Torres sostuvo que el convenio de transferencia de la caja previsional a la Nación implicó que la Provincia delegue la facultad de legislar y se abstenga de dictar normas de cualquier tipo sobre esta materia. Agregó que si la Justicia hace lugar a lo solicitado por Padilla y dispone la vigencia de esta ley (la calificó de nula de nulidad absoluta) caería el traspaso. Tampoco se dispone una asignación de fondos para atender el mayor gasto en la materia.
Por ello, reclamó que la Anses se transforme en parte y pueda defender sus derechos, que podrían ser afectados. Hasta tanto, pidió que se paralicen los plazos.
Otros temas
Torres reivindicó también lo hecho por el PE en relación con las otras leyes sancionadas. Afirmó que la reforma al régimen de autarquía en beneficio de los poderes Judicial y Legislativo vulnera la garantía de imparcialidad de los magistrados. Además señaló que, en los casos de las iniciativas que fueron parcialmente vetadas (normalización de los entes intervenidos y leyes electorales), esas objeciones no tuvieron el tratamiento parlamentario adecuado.
Asimismo, Torres aseveró que Padilla carece de legitimación activa para iniciar acciones en la Justicia del tenor de las que interpuso.







