El Grupo Alberdi se sumó a las críticas contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de acumular dos causas por medio de las cuales son cuestionados diferentes aspectos de la Constitución sancionada el año pasado. “Esto constituye una verdadera afrenta a los derechos que pretenden defenderse en dichos procesos ya que, por la magnitud y gravedad institucional de las cuestiones planteadas, el retardo en la decisión implica lisa y llanamente su desconocimiento”, advirtieron, en un pronunciamiento escrito, Clímaco de la Peña, Alfredo Bolsi, Elsa Moreno, Juan Oliver, Guillermo Oliver, Adolfo Poliche y Teresa Piossek Prebisch.
Los miembros del grupo de opinión están preocupados por las dilaciones que, si queda firme, generará la acumulación ordenada entre las acciones entabladas -por separado- por el Colegio de Abogados y por el partido Ciudadanos Independientes. “La consecuencia de esto es que se hace imposible obtener alguna decisión en el tiempo oportuno ya que, en mérito de lo resuelto, el juicio del Colegio de Abogados, cuyo trámite ha concluido, debería paralizarse hasta que el otro proceso llegue a este mismo estado, lo que felizmente no ocurrió por el llamamiento dispuesto por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, manifestaron.
La referencia a la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo es porque, como la acumulación dispuesta por la Corte no está firme (los letrados la impugnarán el martes), la causa del Colegio de Abogados sigue adelante y el presidente de aquel tribunal, Rodolfo Novillo, ya ha llamado a autos para sentencia.
Más cuestionamientos
Los representantes de la organización lamentaron que no hayan avanzado todas las causas (son seis) por medio de las cuales fue cuestionada la nueva Carta Magna. “Nos encontramos frente a una Constitución que carece de validez ya que, como lo exige la Constitución nacional y la más vieja tradición jurídica, hoy Tucumán no tiene Carta Magna puesto que el instrumento aprobado es sólo el disfraz de un poder hegemónico que, incluso, opera mediante actos que escapan a la razón y el buen sentido”, advirtieron.
Los dirigentes, que no llaman Constitución a lo sancionado el año pasado, insistieron. “El instrumento aprobado por la Convención, lejos de asegurar una Justicia independiente y el equilibrio entre los otros poderes, consagra la hipertrofia del Poder Ejecutivo. Le otorga facultades para dictar y promulgar su propia legislación, así como para designar los jueces sin ningún control y someterlos a un jurado de remoción manejado por el poder político; además lo faculta al gobernador, por ejemplo, a efectuar préstamos a los municipios sin conocimiento de la Legislatura”, precisaron.
Luego, los miembros del foro volvieron a cargar las tintas por las dilaciones judiciales. “Esta situación se mantiene como consecuencia de las tardanzas de la Justicia en resolver las impugnaciones contra la validez del instrumento descripto, iniciadas por el Colegio de Abogados y por diversos partidos políticos ante las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; de estas, sólo la sala II aceptó su competencia y dio trámite al juicio iniciado por el Colegio de Abogados, y a raíz de un pedido de este, llamó los autos para dictar sentencia”, recordaron.
Los miembros del grupo de opinión están preocupados por las dilaciones que, si queda firme, generará la acumulación ordenada entre las acciones entabladas -por separado- por el Colegio de Abogados y por el partido Ciudadanos Independientes. “La consecuencia de esto es que se hace imposible obtener alguna decisión en el tiempo oportuno ya que, en mérito de lo resuelto, el juicio del Colegio de Abogados, cuyo trámite ha concluido, debería paralizarse hasta que el otro proceso llegue a este mismo estado, lo que felizmente no ocurrió por el llamamiento dispuesto por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo”, manifestaron.
La referencia a la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo es porque, como la acumulación dispuesta por la Corte no está firme (los letrados la impugnarán el martes), la causa del Colegio de Abogados sigue adelante y el presidente de aquel tribunal, Rodolfo Novillo, ya ha llamado a autos para sentencia.
Más cuestionamientos
Los representantes de la organización lamentaron que no hayan avanzado todas las causas (son seis) por medio de las cuales fue cuestionada la nueva Carta Magna. “Nos encontramos frente a una Constitución que carece de validez ya que, como lo exige la Constitución nacional y la más vieja tradición jurídica, hoy Tucumán no tiene Carta Magna puesto que el instrumento aprobado es sólo el disfraz de un poder hegemónico que, incluso, opera mediante actos que escapan a la razón y el buen sentido”, advirtieron.
Los dirigentes, que no llaman Constitución a lo sancionado el año pasado, insistieron. “El instrumento aprobado por la Convención, lejos de asegurar una Justicia independiente y el equilibrio entre los otros poderes, consagra la hipertrofia del Poder Ejecutivo. Le otorga facultades para dictar y promulgar su propia legislación, así como para designar los jueces sin ningún control y someterlos a un jurado de remoción manejado por el poder político; además lo faculta al gobernador, por ejemplo, a efectuar préstamos a los municipios sin conocimiento de la Legislatura”, precisaron.
Luego, los miembros del foro volvieron a cargar las tintas por las dilaciones judiciales. “Esta situación se mantiene como consecuencia de las tardanzas de la Justicia en resolver las impugnaciones contra la validez del instrumento descripto, iniciadas por el Colegio de Abogados y por diversos partidos políticos ante las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; de estas, sólo la sala II aceptó su competencia y dio trámite al juicio iniciado por el Colegio de Abogados, y a raíz de un pedido de este, llamó los autos para dictar sentencia”, recordaron.







