Un fallo sobre causas de la reforma está muy lejos aún

Un año y dos meses ha transcurrido desde que fue efectuado (por parte del Colegio de Abogados) el primero de los seis cuestionamientos judiciales contra numerosas disposiciones de la Constitución provincial sancionada el 6 de junio de 2006. No obstante, los tucumanos deberán seguir esperando largos meses más (nadie puede aventurar cuántos más), antes de obtener un pronunciamiento. Ocurre que el 11 de junio de este año, con el argumento de que urgía evitar la posibilidad de que hubiera fallos contradictorios sobre cuestiones conexas, la Corte Suprema de Justicia ordenó la acumulación de dos procesos (el del Colegio de Abogados y el impulsado por el partido Ciudadanos Independientes), de manera que haya una única sentencia. Sin embargo, dado el desigual estado de desarrollo en que se encontraban previamente uno y otro, el primero, que estaba en la última etapa, sufrirá una virtual paralización hasta que avance el segundo, que se encuentra recién en sus comienzos, de modo que queden equiparados para que pueda haber una decisión común.   
Un dato grafica la compleja y difícil situación que se ha generado como consecuencia de la acumulación dispuesta por la Corte Suprema para que sea cumplida por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a la que el alto tribunal declaró competente para entender en ambas causas.   
El 6 del corriente, último día hábil antes del inicio de la feria judicial, Rodolfo Novillo, presidente de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, llamó autos para sentencia en el expediente del Colegio de Abogados, que fue abierto el 22 de mayo de 2006. Esto implica que ha dado por cerrado el debate y que las partes ya no pueden presentar escritos, formular alegaciones ni aportar nuevos elementos. No obstante, antes del dictado de la sentencia, invitó a organizaciones o personas con competencia en la materia debatida para que formulen sus opiniones sobre las cuestiones planteadas teniendo en cuenta la trascendencia institucional de la causa. Novillo echó manos del instituto conocido como amigos del tribunal (“amicus curiae”) y ya aceptó en tal carácter a la Fundación Andhes. El objetivo es que estas opiniones, que no son vinculantes, enriquezcan el debate.  El contraste entre el avanzado estado de la causa del Colegio de Abogados (siempre estuvo en la sala II) y la de Ciudadanos Independientes (CI), que fue iniciada el 23 de junio del año pasado y que originariamente recayó en la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo antes de que la Corte Suprema la acumulara al proceso en trámite en la sala II, es evidente.
Como en la causa CI no había sido dictada ninguna providencia para la tramitación de la causa, el 5 del corriente y luego de que el expediente pasó a la sala II, Novillo debió correr traslado de la demanda a los representantes de la parte demandada, la Provincia, y ordenó que se notificara al Colegio de Abogados de la decisión de la Corte.

Heterogeneidad temática
El otro tópico que añade mayor complejidad aún al panorama es el hecho de la diversidad y heterogeneidad de cuestiones planteadas por Ciudadanos Independientes, que exceden largamente los asuntos impugnados por el Colegio de Abogados (diseño del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, mayoría diferencial exigida para que proceda la remoción del gobernador y de los vocales de la Corte Suprema, y la posibilidad de que haya enmiendas constitucionales por ley). En efecto, en forma inédita, CI cuestionó principalmente la Constitución en su totalidad (ver “Los comicios...”), pero en forma subsidiaria y, para el caso de que no procediera lo primero, objetó de la nueva Carta Magna la composición de la Junta Electoral, los decretos de necesidad urgencia y el mecanismo para la fijación de las dietas de los legisladores, temas que no habían sido esgrimidos por el Colegio de Abogados.       
Otra diferencia ya había sido advertida por la propia sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo el 30 de marzo, cuando se declaró parcialmente competente sólo para entender aquellas cuestiones de la causa de CI que guardaban conexión con la del Colegio de Abogados. Luego, la Corte Suprema ordenó la acumulación de todas las pretensiones invocadas por CI.
En esa ocasión, Novillo y su par, Carlos Giovanniello, señalaron que en la causa del Colegio de Abogados el trámite había sido sumario (supone mayor rapidez), porque se trataba de cuestiones de puro derecho, respecto de las cuales había colisiones de normas. En cambio, en la de CI, el pedido de que la Constitución sea invalidada en su totalidad se basa -entre otras cosas- en afirmaciones sobre reuniones mantenidas por los convencionales con el gobernador José Alperovich, así como en manifestaciones de este. Todo esto requerirá la sustanciación de pruebas e incidencias que sólo podrán ser dilucidadas por medio de un proceso común u ordinario, que acaba de comenzar (recién se corrió traslado de la demanda a la Provincia) y que es mucho más amplio que el más acotado trámite del sumario, en el que se desenvolvió el del Colegio de Abogados. Esta última causa, pese al llamado de autos para sentencia después de 14 meses de tramitación, deberá esperar -nadie sabe cuánto tiempo- a que concluya la otra, para que entonces pueda haber una sentencia común, como ordenó la Corte.

Tras el fin de la feria judicial, la Corte Suprema de Justicia de la provincia tendrá que resolver una nueva cuestión de competencia que volvió a plantearse entre dos salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo respecto de cuál es la que debe entender en una de las seis acciones por medio de las cuales fueron objetadas numerosas disposiciones de la Constitución provincial, reformada el año pasado por impulso del gobernador José Alperovich.  
El conflicto surgió ahora entre las salas I y II. Después del fallo de la Corte Suprema, que el 11 de junio acumuló los planteos formulados por el Colegio de Abogados y por Ciudadanos Independientes (el de este originariamente había recaído en la sala III), los vocales de la sala I (Salvador Ruiz y Horacio Castellanos) se declararon incompetente y giraron la demanda deducida por el partido Defensa Provincial Bandera Blanca (BB) a la sala II. Lo hicieron por considerar que a esta última la Corte Suprema la había declarado competente para que entendiera en aquella acumulación de procesos.
El 25 de junio, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, de la sala II, rechazaron la decisión de sus colegas de la sala I y elevaron la cuestión a la Corte, para que decida qué tribunal debe actuar. Argumentaron que el nuevo conflicto de competencia no podía ser equiparado al resuelto en el caso de Ciudadanos Independientes (CI), porque BB no había cuestionado (como CI) la Constitución en su totalidad.
En segundo lugar, los camaristas esgrimieron: “aquí (por el expediente abierto como consecuencia de la presentación de BB) se impugnan algunas normas constitucionales que no están ni siquiera mencionadas en la causa de CI ni en la del Colegio de Abogados (inmunidad de opinión de intendentes y concejales, colegiación profesional obligatoria, y reelección de legisladores, intendentes y concejales).

Cadena de excusaciones
Si como lo hizo en el caso de CI, la Corte Suprema resolviera acumular la acción de Bandera Blanca al proceso del Colegio de Abogados, cinco de las seis causas quedarían radicadas en la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (ver “Seis expedientes”).
Sólo la abierta por Edmundo Romano (con el patrocinio del abogado Luis Iriarte) quedaría en la sala I. No obstante, por una serie de excusaciones, para resolver este expediente la sala I quedó integrada con Novillo (de la sala II) y con Santiago Gallo Caínzo, de la Cámara Civil y Comercial Común.
En el caso de la acción entablada por Iriarte (por derecho propio) y Carmen Fontán, si bien interviene la sala II, a esta la conforman Arnaldo Alonso y María Agliano (de la Cámara en Documentos y Locaciones), como consecuencia de otras excusaciones y porque Novillo debió actuar como vocal de Corte (también hubo excusaciones en la Corte, adonde originalmente Iriarte habían deducido la acción).

El 23 de junio de 2006, el diputado nacional Esteban Jerez y un grupo de dirigentes de Ciudadanos Independientes (CI), entre otras fuerzas políticas, dedujeron una acción por medio de la cual pretendían que, principalmente, fuera declarada inconstitucional en su totalidad la Constitución que había sido sancionada 17 días antes. No obstante, para el caso de que no se hiciera lugar a esto, en forma subsidiaria, cuestionaron otros cuatro institutos.
Se trata de una acción que, por su naturaleza y amplitud, casi no reconoce precedentes: cuestiona la totalidad del proceso reformador, así como el hecho de que hayan sido convencionales legisladores interesados en habilitar su propia reelección.
Aunque era difícil (casi imposible) que tamaña declaración de inconstitucionalidad total haya procedido, la pretensión de CI quedará desestimada en los hecho -y de hecho- durante las elecciones del 26 de agosto. Ese día comenzarán a implementarse muchas de las reformas proyectadas por la nueva Constitución, como la posibilidad de la reelección de las actuales autoridades o el cambio de número de la Legislatura.

La causa del Colegio de Abogados, en la que ya se ha llamado autos para sentencia, sufrirá una virtual paralización hasta que avance la vinculada a la acción entablada por Ciudadanos Independientes (CI), porque ambos procesos fueron acumulados por decisión de la Corte Suprema de Justicia, de manera que en ellos debe recaer una única sentencia. Esto implica que persistirá la incertidumbre sobre la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para la cobertura de las cerca de 20 vacantes que existen en la Justicia.
En el Poder Judicial no se cubren los cargos acéfalos desde hace 13 meses. El 28 de junio, la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Poder Ejecutivo que, en forma preventiva, se abstenga de ejecutar el decreto 1.820, por medio del cual había reglamentado el CAM previsto por la Constitución sancionada el año pasado. Ocurre que, en su demanda, el Colegio de Abogados objetó -entre otras cosas- el diseño del CAM por la preponderancia del sector político en él (tres representantes del PE, uno por la Legislatura, uno por el Poder Judicial y un abogado elegido por medio de un sorteo público).
Como consecuencia de la controversia judicial y como la medida cautelar dispuesta sigue firme, la provincia continuará sin sistema para seleccionar jueces y, por ende, para cubrir las vacantes.