En Simoca, los vecinos aún pagan una tasa derogada

El cobro de la tasa municipal de alumbrado público a los vecinos de Simoca sigue siendo calculado sobre la base de un tributo derogado hace más de ocho años. Así lo denunció el concejal Francisco Saavedra, quien se mostró sorprendido porque en las últimas boletas de pago, distribuidas por EDET a los usuarios, aún figura una ordenanza tarifaria inexistente.
Tal como lo anticipó LA GACETA el domingo 8, el edil peronista había presentado el 28 de mayo una denuncia penal en contra del intendente, Miguel Paliza; del secretario de Hacienda, José Pereyra; y de la contadora general del Departamento Ejecutivo, Sara del Valle Abdo, por la presunta comisión de los delitos de defraudación, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario.
En su escrito detalló que la ordenanza 057, sancionada en 1993, estableció la base imponible de consumo de energía sobre la cual el municipio debería aplicar el valor de la tasa por el servicio de alumbrado público. Pero la norma, siempre según la denuncia de Saavedra, fue derogada en agosto de 1999 por el Concejo Deliberante.
Recordó que la ordenanza modificatoria (009/99) rebajó los montos que debe percibir el municipio en concepto de tasa de iluminación callejera. El porcentaje de cobro, según el consumo, fue reducido prácticamente a la mitad. Esta medida, relató, fue adoptada en 1999 a partir de reiteradas quejas de los vecinos por el elevado costo de esa tasa municipal. "Resulta oneroso e imposible de cumplir con lo establecido en razón de que cada vez se agudiza más la crítica situación socioeconómica en la ciudad, que registra bajos salarios y alta desocupación", se lee en los fundamentos del texto -modificatorio de la anterior norma- aprobado en aquella ocasión por el Concejo Deliberante.

Rebaja que no se aplica
A pesar de la derogación, el municipio -según consta en las boletas de EDET que Saavedra aportó como prueba en el expediente- nunca ajustó los valores a la nueva ordenanza tarifaria. En efecto, en las facturas de energía aún figura el cobro de la ordenanza 057/93. "La ordenanza 009/99 es la vigente y no se aplica, perjudicando dolosamente a los habitantes de Simoca en beneficio del Gobierno municipal o de algún otro interés ilegítimo; pues tiene una forma de calcular la tasa mucho más baja", había reclamado Saavedra en su escrito, presentado con el patrocinio del abogado Carlos Freijo ante el Centro Judicial de Monteros.
El concejal ahora cuestionó que, a pesar de la denuncia presentada en mayo, en el Ejecutivo municipal no se hayan adoptado las medidas correctivas. Por el contrario, objetó que ni siquiera haya una respuesta pública del intendente Miguel Paliza frente a la presunta irregularidad. En efecto, se mostró expectante de que a partir del lunes, tras el reinicio de la actividad judicial por la feria de invierno, el trámite del expediente adquiera celeridad.