Analizan las denuncias pendientes contra ex jueces

En el Consejo de la Magistratura de la Nación ahora analizan qué sucederá con los jueces federales (o nacionales) respecto de los cuales, pese a haber renunciado, quedaron sin resolver o concluir denuncias formuladas en su contra en la comisión de Disciplina y Acusación.
Cuando un magistrado renuncia ya no puede ser sometido a un proceso de destitución, que es a lo que puede conducir un sumario abierto en la comisión de Disciplina y Acusación. No obstante, desde el año pasado se discute qué solución brindar a las denuncias que, en los hechos, quedan sin ser sustanciadas o inconclusas como consecuencia de las dimisiones, mecanismo con el que algunos jueces evitan ser, eventualmente, removidos.

Posibles variantes
Para afrontar la cuestión, existen en estudio dos proyectos: los presentados por Luis María Cabral y Luis María Bunge Campos (ambos representan a los jueces), y por el senador Nicolás Fernández y por Mariano Candioti (consejero por los académicos del Derecho), por el otro.
La iniciativa de Cabral y Bunge Campo es escueta y apunta a incorporar un único artículo (el 19 bis) al Reglamento de la comisión de Disciplina y Acusación.
Los consejeros sugieren que, en caso de que le fuera aceptada la renuncia a un juez, la cuestión planteada (contra él) sea declarada abstracta. No obstante, proponen que la actuación sea puesta en conocimiento de la comisión de Selección de Magistrados para que, si lo considera pertinente, la tenga en cuenta.
Sin embargo, Cabral y Candioti plantearon otra innovación: “en el plazo de cinco días de haber sido notificado (de una denuncia posterior a su renuncia), el magistrado podrá solicitar que la investigación prosiga su trámite a fin de que, en la resolución, sea incorporado un examen sobre la verosimilitud de la denuncia y el eventual temperamento que correspondería adoptar a la comisión”.  Mucho más extensa es la solución diseñada por Fernández y Candioti. Estos sostienen que, 72 horas después de que el presidente de la Nación le acepte la renuncia a un juez, este debe informar al Consejo si pedirá el archivo de la causa que existiera en su contra o si optará porque esta siga adelante. Tanto una como otra salida deberá ser considerada por el plenario del Consejo (lo forman sus 13 miembros) dentro de los 30 días posteriores, según la iniciativa.
Los consejeros concluyen: “cuando se decidiera continuar la investigación, la resolución final de la causa deberá consistir en su desestimación  o, bien, en la declaración de la sanción que le hubiera correspondido al ex magistrado. En este último caso, además, podrá procederse a excluir al ex magistrado de las listas de conjueces, jueces subrogantes y jurados en los procesos de selección de jueces”.
La discusión tiene importancia para Tucumán. El 31 de mayo se hizo efectiva la renuncia de Jorge Parache al frente del juzgado federal Nº 1. Como consecuencia, quedó inconcluso el sumario que le seguían por supuestas irregularidades en causas vinculadas a títulos públicos, situación por la que fue destituido Felipe Terán del juzgado federal Nº 2.
Además, también quedaron sin solución otras dos denuncias contra Parache. A ello hay que sumar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que los cargos vacantes deberán ser cubiertos, provisoriamente, con jueces jubilados o que hayan sido designados según los parámetros constitucionales, con lo que Parache, en teoría, podría ser convocado. En este punto cobran relevancia los dos proyectos.