Brito quiere investigar a funcionarios nacionales

La historia de los títulos de la deuda pública, que tanta convulsión generó en la Justicia Federal, continuará en Buenos Aires. Respecto de 21 causas civiles (ver "El listado..."), en las que particulares habían accionado contra el Estado nacional por la normativa que pesificó los bonos tras la declaración de default (cesación de pagos), de diciembre de 2001, el fiscal federal Carlos Brito solicitó que las actuaciones preliminares concretadas en Tucumán sean remitidas a la Justicia Federal porteña.
El objetivo es que esta abra una investigación y determine si algún funcionario del Ministerio de Economía de la Nación se excedió en el pago de los títulos (constituyen obligaciones asumidas por el Estado) en expedientes tramitados en Tucumán.
Brito pidió a Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2, que se declare incompetente (por razones de territorio) y que gire las actuaciones al juzgado federal porteño que por turno corresponda, para que siga adelante.
Antes del inicio de la feria judicial, Racedo ya se había pronunciado en el mismo sentido en la mayoría de las 21 causas; algunas de estas se habían tramitado en el juzgado federal Nº 1 y otras, en el Nº 2. El lunes, tras el inicio de las actividades judiciales, los expedientes comenzarán a ser girados a Buenos Aires.
En las causas en cuestión, antes de resolver el fondo de la cuestión, los ex jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán ordenaron al Estado que, en forma cautelar, se abstuviera de concretar la pesificación (suponía devolver los títulos a un cambio de $ 1,4 más CER por dólar) y que pagara la renta que devengaban los bonos respetando la moneda de origen (dólar) o el valor de cotización de esta moneda en el mercado libre.
Luego de pedir informes a la Caja de Valores S.A. (es la encargada de la custodia de los bonos) y al propio Ministerio de Economía, Brito concluyó: "queda debidamente acreditado que la manda judicial ordenaba únicamente el pago de la renta mensual de los títulos, pero el Ministerio de Economía fue más allá y abonó también la amortización de capital".
"Esto evidencia, por lo menos, una conducta irregular que debe ser objeto de investigación y que, a prima facie, aparece configurativa del tipo previsto en el artículo 261, primer párrafo, del Código Penal (peculado), sin perjuicio de la calificación definitiva que surja de la investigación", acotó.
El peculado se configura cuando un funcionario público sustrae caudales o efectos, cuya administración, percepción o custodia se le habían confiado en razón de su cargo. La pena prevista es de dos a 10 años de prisión o reclusión.

En el mismo sentido
Pese a las conclusiones, el fiscal requirió que las actuaciones fueran libradas a la Capital Federal. "El hecho por investigar se habría presuntamente perpetrado allí, donde tiene su asiento el Ministerio de Economía de la Nación", destacó.
Racedo coincidió con Brito, que en su tarea contó con la colaboración de Sergio Romano (secretario de la Fiscalía II) y de Alberto López Vallejo (lo había designado especialmente la Procuración General de la Nación). "El lugar donde debe llevarse adelante la investigación es en la Capital Federal, donde los posibles autores, cómplices o encubridores ejercen su función. Si continúa este sumario ante nuestro juzgado tonaría por demás complicado el debido acceso a las actuaciones por parte de los denunciados. Esto traería aparejada la consecuente violación de la garantía de la defensa en juicio", destacó en una de las causas.