El PE insistirá en que no se equivocó al devolver las leyes

La estrategia del Poder Ejecutivo en las causas donde se debate la vigencia o no de cinco leyes controvertidas está siendo definida en los despachos de la Secretaría General de la Gobernación y de la Fiscalía de Estado. El Gobierno debe presentar hasta antes de fin de mes sus descargos en sendas acciones declarativas de certeza iniciados por los ex bussistas Carlos Canevaro y Ernesto Padilla, quienes hoy transitan caminos distintos: mientras que el primero fundó su propio partido, Unión Norte Grande, desde donde quiere acoplarse a la reelección de José Alperovich, el segundo se sumó a Recrear y es candidato a gobernador por esa expresión opositora.
Las normas fueron sancionadas en febrero por la Legislatura, vetadas por el Gobierno ese mismo mes y aprobadas nuevamente (por mayoría simple) en marzo. Entonces, el PE decidió devolverlas por considerar que no se había cumplido adecuadamente con el proceso de sanción de las leyes, ya que no habían sido avaladas por una mayoría calificada de 2/3, en rechazo a los vetos. Desde el Poder Legislativo se planteó que el 1 de marzo había cambiado el año parlamentario y que no hacía falta esa cantidad de votos. El debate se judicializó en la Corte Suprema de Justicia, con cinco causas distintas.
La contestación contendrá una contrademanda hacia los actores, en la cual refutarán los planteos que hicieron y reiterarán que lo resuelto por el PE fue lo correcto. La posición oficialista consistirá en plantear situaciones diferentes ley por ley para poder diferenciar el trámite impuesto a cada una, aparte de hacer una presentación en general. De este modo intentará evitar el debate de la interpretación global del mecanismo de sanción de las normas e ir a una discusión específica caso por caso.
En especial, el PE puntualizará que la Legislatura nada dijo sobre tres leyes que habían sido alcanzadas por vetos parciales. Dos se refieren a cuestiones electorales: la prohibición a los partidos municipales y comunales para hacer acoples, que a criterio del Gobierno ya está legislada en la Carta Magna; el castigo de prácticas clientelísticas penado en el Código Electoral Nacional y el voto electrónico para los comicios de agosto, que necesita de una mejor regulación que la propuesta, siempre según el alperovichismo.
La tercera ley se refiere a la normalización de los entes públicos intervenidos (se cuestionó el plazo perentorio para regularizar la situación). En estos casos, entra en vigencia plena la parte no objetada, mientras que el resto puede ser analizado nuevamente. Los legisladores volvieron a aprobarlas en su totalidad, sin rechazar ni avalar lo decidido por el PE, situación que no está contemplada en la legislación.
En lo referido al pago del 82% móvil a los jubilados transferidos, el PE insistirá en que la Provincia no puede legislar sobre esa materia por los acuerdos de traspaso de la Caja Previsional y que la norma es nula porque no se creó la partida presupuestaria para abonar la diferencia (artículo 14 de la Constitución). Respecto de la autarquía financiera de la Legislatura y de la Justicia, alegará que debe mantenerse el sistema actual de goteo de fondos por mes, según el presupuesto anual asignado a cada poder.