La Corte rechazó planteos del PE en el caso Juri

La Corte Suprema de Justicia volvió a dictar sentencia en contra del Poder Ejecutivo en dos juicios respecto de la vigencia de cinco leyes polémicas, tema que enfrenta a la Casa de Gobierno con la Legislatura. En esta oportunidad, las sentencias firmadas el último día hábil antes de la feria invernal (el pasado viernes 6), se refirieron a los procesos iniciados por el vicegobernador, Fernando Juri, y por el legislador opositor Rodolfo Danesi, de Ciudadanos Independientes.
En sus pronunciamientos, el máximo tribunal rechazó las excepciones de incompetencia para resolver sobre el asunto planteado (el PE quería que los expedientes pasen a la Cámara en lo Contencioso Administrativo) y de falta de legitimación de los actores (se ponía en duda el derecho para iniciar juicios en esta materia). Asimismo, cargó las costas sobre la Provincia.
Los argumentos reiteran conceptos vertidos ya en los expedientes abiertos por los legisladores ex bussistas Carlos Canevaro (Unión Norte Grande) y Ernesto Padilla (Recrear). En el caso Juri, el fallo fue firmado por Alfredo Carlos Dato, Héctor Eduardo Area Maidana, René Mario Goane, Alberto José Brito y Antonio Gandur (emtió un voto aparte). Este último fue recusado sin causa por Danesi, por lo cual no interviene en este trámite.
Los magistrados reivindicaron la competencia originaria de la Corte para entender en esta polémica, según los preceptos constitucionales, al entender que su potestad abarca en forma excepcional tanto en las acciones de amparo (hábeas corpus, amparo y protección de derechos comunes o difusos) como en las de inconstitucionalidad, como la presentada por el presidente de la Legislatura. Remarcaron que la nueva Carta Magna no innovó en este punto, ni limitó su accionar.
"No es posible, fundada y razonable afirmar, como lo hace la Provincia, que la Corte únicamente habrá de intervenir originariamente si se promueve una acción de amparo y no si se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad", señalaron los jueces.
Gandur insistió, en su voto en el caso Juri, en que es errada la interpretación del PE acerca de que la Corte solamente actúa en recursos presentados contra sentencias de tribunales inferiores.
Las normas sancionadas por la Legislatura y resistidas por el Gobierno legislan sobre la implementación del voto electrónico; el castigo de prácticas clientelares para obtener sufragios (entrega de bolsones, de prevendas o de beneficios); la prohibición de acople a la fórmula del PE para los partidos municipales y comunales; el reconocimiento del 82% móvil en los haberes de jubilados y pensionados transferidos; la normalización perentoria de los entes públicos intervenidos y la plena Autarquía Financiera para los poderes Legislativo y Judicial.

Después de las elecciones
Atento a la marcha del proceso, es virtualmente imposible que haya una sentencia de fondo en alguna de las causas sobre las leyes de contenido electoral antes de los comicios del 26 de agosto, ya que la Provincia aún debe contestar la demanda y luego sigue el trámite sumario hasta dictar fallo. En los expedientes Padilla y Canevaro, este paso será dado en la primera semana después de la feria; en los casos Juri y Danesi, a principios de agosto.
El tribunal aún tiene para resolver si acepta una causa sobre este asunto efectuado por el diputado nacional Esteban Jerez (Ciudadanos contra la Corrupción) y el legislador radical, Roberto Palina, quienes integran la fórmula a gobernador y vice de la Coalición Cívica por la Resistencia.

Una opinión crítica acerca del grado de independencia de los integrantes del Poder Judicial desde que se sancionó la reforma de la Constitución provincial fue incorporada en la causa iniciada por el Colegio de Abogados, en la cual se cuestionan algunos aspectos de la Carta Magna. Además se abrirá la posibilidad a otros terceros interesados en la resolución de este caso, que tengan acreditado conocimiento en la materia, a presentar sus propios escritos.
El expediente está radicado en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, cuyo titular, Rodolfo Napoleón Novillo, admitió la presentación de la fundación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) para poder interceder en el proceso bajo la figura de Amicus Curiae ("Amigos del Tribunal"). Esta participación no devenga costas ni honorarios y la opinión no es vinculante.
Este instituto les permite a los expertos (personas físicas o jurídicas) acercar aportes respecto de la materia en debate para el mayor esclarecimiento del tribunal a la hora de emitir un fallo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene reglada esta participación, que también fue admitida en la provincia en esta resolución.
Novillo destacó que en la causa del colegio profesional "se discute acerca de determinados intereses públicos y se pretende que la sentencia a dictarse trascienda sobre instituciones de la comunidad y se proyecte respecto a la validez de la incorporación de determinadas normas a la Constitución de la Provincia".

Participación ciudadana
A partir de ese marco, el camarista consideró apropiado "permitir una cierta participación de la ciudadanía en este proceso colectivo y difundir públicamente que pueden presentarse para ello terceros ajenos a las partes, a tomar intervención en autos como Amigos del Tribunal, conforme a los principios generales del derecho y a la guía pretoriana de la Acordada 28/2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia concordante, y doctrina inherente a los artículos 79 y 90 del Código Procesal Constitucional".
Novillo dispuso además la publicación de edictos, que deberán ser pagados por el Colegio de Abogados, para que puedan presentarse nuevas opiniones fundadas sobre el objeto del litigio (especialmente, el diseño constitucional de los institutos del Consejo Asesor de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento, del Juicio Político y la enmienda de la Constitución por parte de la Legislatura). Lo podrán hacer personas o entidades que cuenten con reconocida competencia sobre la cuestión que está siendo debatida y fundamenten su interés en la resolución final, en un máximo de 20 carillas.