La política elige a los jueces, se quejan abogados

Crisis de gestión, parálisis funcional, tendencia a condicionar el perfil de los futuros jueces por parte de los sectores políticos influyentes, pérdida de jerarquía, etcétera. Estos son algunos de los calificativos que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) le imputa al Consejo de la Magistratura de la Nación, como consecuencias de los cambios que, en noviembre del año pasado, introdujo en el cuerpo la Ley 26.080, sancionada a instancias del kirchnerismo (ver "Desequilibrio...").
Consultado por LA GACETA, desde La Plata, Carlos Andreucci, presidente de la institución que reúne a casi 80 colegios de todo el país, incluidos los dos de Tucumán, fue lapidario. "A partir de su nueva composición, el Consejo sufre una paralización operativa y advertimos un avance de sectores políticos que desnaturalizan la tarea del cuerpo. Esto presagia el incumplimiento de la labor constitucional que le fue asignada. La nueva ley le quitó jerarquía, independencia, y lo volvió vulnerable a las influencias", se quejó.
Andreucci dirigió sus críticas particularmente contra la comisión de Selección de Magistrados, en la que los abogados ya no tienen representantes. "Pretenden cambiar las pautas objetivas para la selección de los futuros jueces, afectando la independencia que debe orientar los concursos públicos. No se sabe bien cuáles son los alcances de los nuevos criterios de los sectores influyentes, pero pareciera que buscan un perfil que no se corresponde con una Justicia más incluyente, que abarque a todos los sectores", espetó.
A la FACA también le irrita que los abogados ya no participen de los jurados que, cada vez que se produce una vacante en la Justicia Federal o nacional, y en el marco del correspondiente concurso, elaboran y corrigen la prueba de oposición escrita de los postulantes a un cargo. "Esta es otra discriminación", lamentó el presidente de la institución.

Más cuestionamientos
Las demoras en la cobertura de las vacantes son las que, según Andreucci, causaron la crisis del régimen de subrogancias o interinatos que aplicaba el Consejo de la Magistratura y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en mayo. Desde entonces, la comisión de Selección de Magistrados no ha hecho nuevas designaciones provisorias ni ha ratificado a los abogados que se venían desempeñando como subrogantes a la espera de que, en el plazo de un año, el Congreso sancione un nuevo sistema, como ordenó la Corte.
Andreucci fue terminante. "El Consejo está paralizado y, como no da una respuesta funcional, más del 20% del total de los cargos son ocupados por subrogantes. A ello hay que sumar que, después del fallo de la Corte, no ha subsanado el vacío dentro de sus competencias constitucionales", subrayó.
Pese a las reiteradas críticas contra el Consejo de la Magistratura, el abogado también disparó contra los poderes políticos. "Reclamamos que el Ejecutivo eleve pliegos al Senado, porque el Consejo anterior, no este, le envió 85 propuestas de ternas (para igual número de cargos). También le pedimos al Congreso que se haga cargo de la situación. Mientras todos están de campaña, nadie elabora un proyecto normativo que le dé una respuesta funcional a la Justicia Nacional y Federal, que está en crisis, como el propio Consejo", advirtió.


Como consecuencia de la Ley 26.080, impulsada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner (PJ), el número de los miembros del Consejo de la Magistratura fue reducido de 20 a 13. Pero, más importante aún, fue desarticulado el equilibrio que antes existía entre los estamentos que lo formaban.
Anteriormente, el Consejo era integrado por cuatro senadores, cuatro diputados, cuatro jueces, cuatro representantes de los abogados, dos académicos del Derecho y un representante del Poder Ejecutivo; todos, bajo la conducción del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En cambio, desde noviembre, al Consejo lo constituyen tres jueces, tres diputados y tres senadores (uno por la minoría en cada caso), dos abogados, un académico y un representante Ejecutivo.
Los abogados, como consecuencia, ya no tienen la misma representación que antes. Tampoco integran los jurados de los concursos llamados para cubrir vacantes, que son los encargados de confeccionar y de corregir las pruebas de oposición escrita de los postulantes.