Crean un fondo para municipios y comunas por $ 200 millones

Mediante el decreto de necesidad y urgencia 42/3, el Poder Ejecutivo acaba de crear el programa "Iluminación y Pavimentación Municipal y Comunal", que estará compuesto por hasta $ 200 millones, provenientes íntegramente de préstamos del Banco del Tucumán SA, del grupo Macro.
La medida fue refrendada por el gobernador, José Alperovich, y por los ministros Jorge Jiménez (Economía), José Manuel Paz (Desarrollo Productivo), Edmundo Jiménez (Gobierno), Juan Manzur (Salud Pública), Mario López Herrera (Seguridad Ciudadana) y Susana Montaldo (Educación). Ingresó a la Legislatura el jueves 5. Por ello, quedará firme el 3 de agosto, mediante sanción ficta, si la Legislatura no lo trata antes, para rechazarlo o ratificarlo.
El primero de los considerandos justifica el dictado de esta norma en el hecho de que esas administraciones no cuentan con los fondos para financiar esos trabajos públicos.
Ante esa situación, el decreto 42/3 faculta al Ejecutivo a celebrar los convenios que sean necesarios con la entidad crediticia, el cual -dice el texto legal- creará una línea especial de créditos para contratistas que ejecuten obras dentro del programa de iluminación y de pavimentación.
Esta determinación implica que quienes lleven adelante los trabajos deberán pedirle el dinero al banco para financiar las tareas. Luego, los municipios y las comunas emitirán los correspondientes certificados de obra, que estarán garantizados por el Gobierno con fondos de libre disponibilidad. El banco recibirá esos certificados y los descontará del monto de lo que le haya prestado a los contratistas.
A su vez, los municipios y las comunas que participen de este plan tendrán que ceder los fondos de sus coparticipaciones y demás dineros disponibles en calidad de garantía. Esta cesión de recursos afectará, cuanto menos, a la futura gestión e, incluso, a la que asuma en 2011, porque el Ejecutivo decretó que los préstamos tendrán un plazo mínimo de devolución de cinco años.

La plata del interior
Cabe recordar que el 8 de junio, es decir, 27 días antes de que se dictara el DNU 42/3, Alperovich dictó el decreto 2078, por el cual determinó que la la Secretaría de Coordinación de Municipios y Comunas Rurales puede remitir recursos del Fondo para Desequilibrios Financieros a las municipalidades y a las comunas para atender obras públicas en ejecución o por ejecutarse. (LA GACETA 11/07/2007)
Debe precisarse, en ese sentido, que ese organismo, cuyo titular es Sergio Mansilla, informó oficialmente a la Justicia que, durante 2005, remitió $ 34,8 millones en el fondo para atender desequilibrios financieros, $ 40 millones en el fondo fiduciario para obras, $ 41,4 millones en aportes financieros reintegrables, $ 9 millones para el fondo de desarrollo del interior y, finalmente, $ 7,9 millones en aportes no reintegrables.
Aparte de esos $ 133,1 millones, la cartera de Mansilla dispuso, para los gobiernos locales, durante ese mismo año, de $ 225,5 millones para salarios ($ 32,5 millones en Aportes para Sueldos y $ 190 millones en el Fondo Fiduciario para Sueldos). En cuanto a los recursos correspondientes a la coparticipación federal y provincial de impuestos, surgió una diferencia en los montos informados a la Justicia. Mientras que Mansilla declaró haber girado $ 65,5 millones, a Contaduría General de la Provincia indicó que la cifra fue de $ 229,1 millones, o sea, $ 163,6 millones más que lo informado por la Secretaría de Coordinación.


"Mediante un simple acto administrativo, le dieron superpoderes discrecionales, y sobre todo electorales, al secretario Sergio Mansilla". La advertencia es del legislador Alejandro Sangenis (MP3), quien cuestionó el decreto 2078, por el cual el Ejecutivo fijó amplias causales para asistir financieramente a las comunas y a los municipios del interior.
"La impunidad y la desfachatez del Gobierno no conocen límites. Es increíble que se hayan animado a firmar un decreto por el que pueden entregar fondos del erario cuando la Secretaría de Coordinación de Municipios y Comunas lo considere pertinente para el bienestar de la comunidad", renegó el opositor.
Sangenis condenó que se dejen de lado criterios objetivos para distribuir recursos, como el número de habitantes, las necesidades básicas insatisfechas o los índices de desarrollo de cada comunidad. "El interior depende, ahora, del criterio de un funcionario", contrastó.
"Asistimos a una norma de coparticipación secundaria, que estará basada en un reparto discrecional de dineros del pueblo. Y el objetivo de esas erogaciones, así como el destino de los fondos, siempre será dudoso", concluyó.