Le dieron trabajo, pero nunca lo supo

La Justicia penal investiga, desde noviembre pasado, una designación presuntamente irregular en el Poder Legislativo. La denuncia fue formulada por Roberto Gramajo, quien figuró en la planta de personal parlamentario durante nueve meses y asegura que nunca cobró su sueldo, pese a que habría sido efectivamente pagado a alguien en ese tiempo. La maniobra implicaría fraude a la administración pública, aunque en la denuncia no se imputó a nadie.
El denunciante no quiso hablar con LA GACETA, pese a la documentación obtenida en Tribunales. Según consta en el expediente judicial, Gramajo se enteró de que era empleado legislativo por una notificación de la AFJP Futura, fechada el 27 de setiembre de 2006, en la cual le avisaban que había sido ingresado como afiliado (en calidad de indeciso). Luego averiguó en la Legislatura que había sido designado por decreto 0913-MP-02/2006, del 10 de marzo de 2006, como asistente del legislador alperovichista José Antonio Teri, en carácter de personal temporario del bloque del Partido Justicialista. Fue el propio Teri quien solicitó el nombramiento, según consta en el decreto firmado por el presidente de la Cámara, Fernando Juri.
La siguiente novedad fue constatar que alguien había cobrado a su nombre los tickets alimentarios y los salarios devengados entre su designación y el día en que él llegó a la oficina de Personal con la nota de la AFJP. Sin embargo, en el decreto se hacía especial aclaración de que debía presentar certificado de aptitud física laborativa preocupacional y de buena conducta para poder trabajar.
El 8 de noviembre de 2006, Juri firmó el decreto 5.128-MP-11/2006, por el cual se dispuso la baja de Gramajo (legajo 15.244) a partir del 1 de ese mes. En todo ese tiempo, nunca prestó tareas, pero se liquidaron haberes a su nombre, según denunció ante el fiscal Arnoldo Suasnábar, en un escrito presentado el 21 de noviembre del año pasado.
En su planteo, aclaró que no acusa a ninguna persona por lo ocurrido, hasta tanto la Fiscalía no determine la autoría de los hechos. "Han defraudado al Estado provincial y debieron haber falsificado mi firma en los cheques que se cobraron con el salario, por lo cual debió existir falsificación de instrumento privado asimilable a público", sostuvo.

Trabajo social
Gramajo, quien es licenciado en administración de empresas turísticas, admitió en su denuncia que comenzó a trabajar para Teri en distintos programas sociales desde fines de 2005, con la promesa de ser incluido en la Legislatura. "Así fue que dejé mis datos, fotocopia de DNI y algunos requerimientos, sin tener novedades de mi designación. Cuando conversé con el legislador, me manifestó que me quedara tranquilo, que en cualquier momento iba a estar cobrando el sueldo y que estaba trabada porque Juri y (el gobernador José) Alperovich no se ponían de acuerdo. Luego dejé de ir y de realizar gestiones al perder las esperanzas", señaló.
El denunciante dijo que cada vez que pretendía averiguar qué había pasado, lo derivaban a hablar con Teri, lo que le fue imposible (tampoco LA GACETA pudo contactarse ayer con él). A su pedido como querellante, Suasnábar solicitó a la Tesorería de la Legislatura que informe el nombre y domicilio de los encargados de pagar los sueldos y los vales alimentarios; los números y montos de los cheques percibidos desde el primer salario de Gramajo y el nombre y la cuenta de la sucursal del Banco del Tucumán a la que fueron girados (habitualmente se paga en la sede central); y si los pagos fueron remitidos a la oficina de un legislador, su nombre o el de la persona que tenía a su cargo retirar los cheques. El oficio a la Cámara fue firmado el 11 de mayo.
En la Legislatura hay dos mecanismos de cobro: para la mayoría, está centralizada la entrega de cheques en una oficina en el ex hotel Savoy, pero también existe un grupo de empleados bancarizados que perciben sus haberes directamente en el banco, en ventanilla y por cajero humano (no automático), ya que no tienen tarjeta magnética.