Denuncia que quieren rematarle inmuebles por una deuda ajena

Un vecino de la capital denunció que estuvo a punto de sufrir el remate de tres propiedades por un juicio que le entabló el Servicio Provincia de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys), a causa de la deuda de un inmueble que nunca fue suyo. Como agravante, aseguró que las acciones judiciales nunca le fueron notificadas porque eran comunicadas en domicilios que tampoco le pertenecen.
El afectado es Oscar Sánchez Loria, que denunció su caso ante el legislador Alejandro Sangenis. El parlamentario planteó la situación ante el fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera, en el marco de la causa que investiga la presunta existencia de poderes falsos con que habrían litigado abogados del organismo autárquico. El funcionario judicial citó al ciudadano, quien declaró como testigo el viernes pasado.
Ante la Justicia, y ante el legislador opositor, el vecino sostuvo que la apoderada del Sepapys, Adela de Carro, presentó una demanda en su contra, "imputándome de manera arbitraria una deuda que supuestamente yo mantenía con el Sepapys, por un inmueble de San Lorenzo 283. Ese inmueble jamás formó parte de mi patrimonio y jamás tuve ningún tipo de vinculación con él". De hecho, el denunciante precisa que (tal como figura en el expediente, del que LA GACETA tiene una copia), se presentó el ciudadano que fijó domicilio real en esa casa y llevó consigo copia de una boleta de "Aguas del Aconquija", en donde consta que el número de cuenta correspondiente a su vivienda es diferente al presentado en la demanda que promovió el Sepapys.
Sánchez Loria planteó, también, que se enteró de toda la situación porque recibió la llamada de un inquilino suyo, quien le informaba que había un oficial de Justicia inspeccionando uno de sus inmuebles para rematarlo. "Trataron de ejecutarme tres propiedades que tengo en la zona de El Bajo. Y lo increíble es que jamás me notificaron, ni siquiera, del texto de la demanda. La demandante, a lo largo del proceso, solicita la realización de diferentes comunicaciones en inmuebles que jamás fueron de mi propiedad y que desconozco a quiénes pueden pertenecer", detalló. "Curiosamente, sí pidieron que la inspección ocular se realice en los inmuebles de 24 de Septiembre al 5, al 7 y al 9, que sí son de mi propiedad, pero a donde, misteriosamente, nunca realizaron ninguna notificación durante el proceso", contrastó.
Sanchez Loria tramita judicialmente que se declare la nulidad de la demanda, pero advirtió que sufrió un revés porque la Fiscalía de Cámara rechazó su planteo. "Adujeron que yo no había probado que el inmueble de San Lorenzo 283 no era mío, como si me correspondiera a mí, como denunciado, la carga de la prueba, y cuando se habían vencido los términos para aportar pruebas, plazos que desconocía porque nunca me notificaron de la demanda", argumentó. "Y ahora, la jueza de Cobros y Apremios de la II Nominación (Adriana Berni) pidió a Catastro que informe sobre la titularidad de dos dominios que sí son míos, pero que no son objeto de deudas y donde nunca realizaron notificación alguna", explicó.

"Estado atropellador"
"La denuncia de Sánchez Loria es un testimonio acerca de lo desamparados que se encuentran los ciudadanos frente a un Estado atropellador", condenó Sangenis, quien pidió públicamente a las autoridades judiciales que declaren nulas las actuaciones contra Sánchez Loria.
"En este caso, el afectado es un profesional que puede contar con asesoramiento letrado, y aún así corre el riesgo de que le ejecuten propiedades por la deuda de un inmueble que jamás fue suyo. No quiero imaginarme la situación de los que no pueden contratar un abogado", alertó.


En la última semana previa a la feria judicial de invierno, la Fiscalía de Instrucción de la X Nominación registra novedades en la causa por presunta defraudación a la administración pública y asociación ilícita en concurso real en contra de los abogados del Sepapys Juan Alberto Caligari y Cynthia Mariela Benítez.
El legislador Alejandro Sangenis (MP3) le entregó al fiscal Guillermo Herrera las copias de 15 convenios firmados por el organismo autárquico con grandes contribuyentes que tenían deudas con la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos). El parlamentario le pidió al funcionario judicial que investigue la situación de esos morosos: si cumplieron con lo acordado y si sus pagos ingresaron, efectivamente, a las arcas del Estado.
Complementariamente, el opositor presentó las copias de los planes de cobro a cuenta de abogados del Sepapys con otros usuarios morosos de la ex Dipos y solicitó al fiscal Herrera que determine la situación de esas cuentas.