De Mitri se pronunció en contra de las objeciones del PE

El ministro fiscal Luis de Mitri emitió un nuevo pronunciamiento contra las excepciones previas formuladas por el Ejecutivo en las causas sobre cinco leyes polémicas. El funcionario judicial reivindicó otra vez la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para actuar en el asunto, en el cual se debate la vigencia de normas sancionadas por la Legislatura y resistidas por la Casa de Gobierno.
En esta oportunidad, De Mitri dictaminó en el expediente iniciado por Rodolfo Danesi (CI), cuya legitimación activa fue puesta en duda por el PE. Al respecto, De Mitri entendió que el tema no es una cuestión de previo y especial pronunciamiento, sino que debe ser resuelta con la sentencia de fondo.
Estos argumentos fueron repetidos por la Corte cuando se pronunció, el lunes, en las causas que impulsan los legisladores Carlos Canevaro (UNG) y Ernesto Padilla (Recrear), y serían usados cuando decida sobre la presentada por el vicegobernador Fernando Juri.
Las normas en debate fueron sancionadas por la Legislatura, pero devueltas a la Cámara por el PE sin ponerlas en vigencia ni vetarlas. Legislan sobre el acople de los partidos municipales y comunales; el voto electrónico; el castigo a las prácticas clientelares; el del 82% móvil para los jubilados transferidos; la normalización de entes intervenidos y la autarquía financiera para la Legislatura y la Justicia.

Crítica y refutación
La posición del presidente de la Corte, Alfredo Dato, respecto de que el trámite de las causas dependerá del impulso que le den las partes, fue criticada por el candidato a gobernador por el Frente por la Dignidad, Luis Iriarte.
"Dato se comporta nuevamente como un aliado del gobernador José Alperovich, con lo cual daña irremediablemente la imagen de confiabilidad e independencia que debe observar la Justicia", afirmó.
El vicepresidente del Movimiento Popular 3 Banderas aseguró que la celeridad del trámite no puede ni debe depender del interés de los accionantes o los demandados. "La Corte tiene el deber jurídico de impulsar de oficio la continuidad e inmediata resolución de los pleitos, y así está habilitada por el Código Procesal Constitucional", sostuvo.
Dato refutó esta opinión. Aseveró que su criterio es el que figura en el código procesal, acerca de que los procesos son dispositivos y no inquisitivos y que el ritmo lo marca el interés de las partes y lo resuelve el tribunal actuante atento a las normas vigentes y en los plazos que legalmente tiene.
"Esta situación plantea un horizonte que, a veces, depende de la actitud procesal de las partes. Por ejemplo, la Provincia interpuso excepciones que, casualmente, se denominan dilatorias. Ningún juez dijo que se debe aplicar alguna de las leyes cuya vigencia está siendo analizada. A partir de que se dicta el cronograma, si nadie se pronuncia, hay una cristalización del sistema legal que opera en los comicios. A 60 días no se pueden modificar las reglas de juego que están aplicándose para las elecciones", resaltó.