El gobernador y Juri deben acordar la fecha de la sesión

La realización de la próxima sesión de Cámara depende de una reunión que deben mantener, en las próximas horas, el gobernador José Alperovich con su vice, Fernando Juri. El encuentro será decisivo para determinar el orden del día y la oportunidad de convocar a la deliberación parlamentaria.
Alperovich y Juri analizarán especialmente el nuevo contrato para la provisión de la energía eléctrica. El punto de mayor fricción es el aumento del 7% de la tarifa de EDET, retroactivo a noviembre de 2006. Sobre este incremento no habría acuerdo pleno entre los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo; de alcanzar el consenso depende su inclusión en el temario. También se evaluará si conviene sesionar antes o después de la visita presidencial de Néstor Kirchner, el 9 de julio.
El presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo, se inclinó por convocar al recinto para el jueves o viernes, pero reconoció que todo depende de lo que acuerden los números uno y dos de la Provincia. Anunció que el martes habrá Labor Parlamentaria para pautar los asuntos por debatir.

Visita a la Corte
Juri Debo visitó ayer a los miembros de la Corte Suprema de Justicia Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur para analizar el proyecto de ley del PE contra el trabajo ilegal, el segundo en importancia en un potencial orden del día tras el convenio con EDET. A la salida, aclaró que no está de acuerdo con aprobar dos cambios sustanciales solicitados desde el Gobierno por ir contra las normas vigentes: la ampliación de potestades a la Dirección Provincial de Rentas para multar la contratación irregular del servicio doméstico y para disponer secuestros de mercaderías transportadas sin necesidad de disponer de una orden de la Justicia.
“Todos estamos de acuerdo con la lucha contra el trabajo en negro, pero dentro de las leyes. Hay aspectos de la iniciativa en que no hay problemas, pero no podemos legislar sobre el empleo doméstico ya que no está alcanzado por la Ley de Contrato de Trabajo”, señaló. Dijo que la idea es que si Rentas comprueba algún hecho anómalo lo comunique a la Secretaría de Trabajo para que actúe. “Rentas no puede tener facultades para multar, como pretendía el PE, porque es una actividad que no está gravada por el impuesto a la Salud Pública y mucho menos para clausurar domicilios como si fuesen comercios comunes”, explicó.
El legislador peronista confirmó que se aprobarán ampliaciones de las multas y de los plazos de clausura cuando se detecten irregularidades en empleos con relación de dependencia, abarcados por impuestos. “Nuestro planteo a Dato no fue formal, y él nos dijo que no podía emitir opinión porque la futura ley podía judicializarse. Pero efectuamos una consulta como siempre hicimos, en especial porque la opinión de mis asesores jurídicos era contraria a algunos aspectos de la propuesta del PE”, puntualizó.