Allanaron las oficinas del gremio y de la mutual vial

La Policía allanó ayer la sede del sindicato, de la asociación mutual de los empleados viales y de la Dirección Provincial de Vialidad, en busca de documentación referida al presunto desfalco de más $ 3 millones cometido contra las cuentas de esa repartición del Estado.
El procedimiento ordenado por el fiscal penal de la IV Nominación, Carlos Sale, permitió que de las oficinas del organismo público se secuestraran los libros bancarios, las planillas de retenciones y remuneraciones desde 2003 a 2006, formularios de solicitud de pago a cuenta y recibos de pago efectuados por Vialidad. A su vez, de la mutual vial se retiraron dos cajas de libros del personal, talonarios membretados por la entidad y, desde la sede del gremio vial, la Policía retiró fotocopias de solicitud de pago a cuenta emitida por la institución.
La denuncia penal fue presentada por el interventor de Vialidad, Raúl Basilio, como corolario de una auditoría ordenada por el Poder Ejecutivo y practicada sobre los movimientos financieros de la repartición entre enero de 2003 y octubre de 2006.
La pesquisa compromete la gestión del legislador oficialista José Teri, quien se mantuvo al frente del sindicato y de la mutual hasta 2005, cuando tras una pelea con su secretario adjunto, Manuel Palavecino, dejó la conducción gremial. Precisamente, parte de la auditoría se refiere al último período, ya en manos del ex colaborador del parlamentario y actual candidato a legislador del Frente para la Victoria.

Los detalles del hallazgo
Según la auditoría, Vialidad habría pagado en favor del sindicato y de la mutual poco más de $ 7,1 millones entre 2003 y 2006 cuando, en realidad, estas instituciones deberían haber recibido poco más de $ 4,1 millones. Ese, precisamente, es el monto total devengado tras el arqueo. Además, no existiría registro contable ni en el gremio ni en la asociación mutual que justifique el presunto sobrepago de $ 3 millones. La maniobra detectada, siempre según la pesquisa, consistía en el giro a las cuentas gremiales y mutuales de retenciones o, especialmente, anticipos de cuotas sociales, incluso sobre compras particulares realizadas a comercios (luego debían ser descontadas por planilla salarial) y diversos aportes.
Precisamente, en la mutual y el sindicato la auditoría habría detectado el pago de retenciones y anticipos que no cuentan con la documentación respaldatoria de que efectivamente se hayan solicitado como tal y que suman unos $ 2 millones: más del 66% de los presuntos pagos efectuados en exceso.