La Constitución no prevé la Policía Municipal

La pretensión del electo jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, de dotar a la Capital Federal de una fuerza de seguridad propia (mediante el traspaso de la Policía Federal) abrió el debate en la provincia sobre la posibilidad de que San Miguel de Tucumán cuente con un cuerpo de agentes propio. Sin embargo, la posibilidad choca con serios impedimentos legales.
La idea ya había sido barajada en anteriores períodos por algunos ediles, que hasta presentaron proyectos de ordenanza. No obstante, las iniciativas nunca fueron debatidas (Ver "Una dotación...").

Situaciones diferentes
La Constitución Nacional reafirma la competencia exclusiva del Estado nacional y de los estados provinciales en materia de seguridad pública. Por ello, ningún municipio del país cuenta con fuerzas policiales represivas.
La situación de Capital Federal es diferente. Tras la reforma de la Carta Magna nacional en 1994, adquirió el rango de ciudad autónoma (equiparable a una provincia); con lo cual dentro de sus competencias aparece por primera vez las de la administración policial y el control de los servicios públicos, aún hoy en manos de la Nación.
En Tucumán, la Constitución no prevé entre las atribuciones de los municipios las de velar por la seguridad de sus ciudadanos (Bases del Régimen Municipal, artículo 134). En cambio, aclara en su artículo 141 que el Gobierno garantizará que las municipalidades ejerzan sus funciones. A la vez, fija como una de las atribuciones del Poder Ejecutivo (artículo 101, inciso 18) la de prestar el auxilio de la fuerza pública a las municipalidades. Estos solamente cuentan con el poder de policía en materia administrativa; es decir para controlar faltas (no de origen penal) en áreas como tránsito, transporte público, higiene y salubridad.
Esta dependencia jurisdiccional hace que los municipios, cada vez que deben realizar operativos de control en la vía pública, por ejemplo, paguen un adicional a la Policía para la asignación de agentes que acompañen a los inspectores. Para contar con este servicio, por ejemplo, la capital debe contar con alrededor de $ 100.000 por mes.
"Si bien la Constitución no le asigna al municipio la competencia en temas de seguridad, sí puede la Municipalidad participar e intervenir en forma armónica en la definición de las políticas de seguridad que rijan sobre su territorio. Porque se debe entender que la cuestión no se circunscribe a un cuerpo policial que reprima el delito, sino que también abarca la prevención y a temas como accidentología y violencia urbana, por ejemplo", explicó el candidato a concejal del Frente por la Dignidad, Pablo Berarducci, quien se desempeñó durante 10 años en la Fundación Civilidad en la investigación de asuntos municipales.

Otra perspectiva
La reforma de la Constitución provincial abre otra perspectiva de cara al futuro. Ocurre que la nueva Carta Magna consagra la autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional de los municipios.
Establece, también que tras el dictado de una ley que fije las condiciones, los municipios podrán dictar su carta orgánica mediante el llamado a una convención por parte del intendente. "La Provincia no podrá vulnerar la autonomía que por esta Constitución se consagra, ni limitar las potestades que para asegurar la misma se confiere", sostiene el artículo 132 del texto magno.
Precisamente, Berarducci reniega de que la Constitución proclame la autonomía municipal pero, a la vez, limite la creación de las cartas orgánicas al dictado de una ley provincial. "Primero debe ser derogada la Ley Orgánica de Municipalidad (5.529, sancionada durante la última dictadura militar). La redacción de la Carta Orgánica debe contemplar toda esta discusión, porque será la constitución de un municipio", expresó el referente de Ciudadanos Independientes.