Defienden el actual régimen de servicios públicos

El régimen de los servicios públicos es hoy el que más preocupa al Derecho Administrativo. "En esto entra la renegociación de las tarifas y la definición del rol del Estado dentro de la economía, sobre todo a partir de la reestatización de los servicios y el emprendimiento de empresas públicas", precisó a LA GACETA el jurista Julio Pablo Comadira.
El catedrático de las universidades Austral y de Buenos Aires (UBA), entre otras, aclaró cuál era su posición sobre el tema. "Lo correcto es moverse siempre dentro del principio de la subsidiaridad. No es conveniente un libre mercado absoluto y total, pero tampoco una intervención estatal agobiante de la iniciativa privada. En la medida en que puedan actuar los particulares, que lo hagan, con el control del Estado. De lo contrario que intervenga el Estado cuando una empresa o un particular no puedan brindar el servicio", definió. Pese a algunos encontronazos entre los gobiernos (en particular el nacional, aunque también el de Tucumán) y las empresas prestadoras de servicios públicos, Comadira no tiene dudas respecto de la continuidad de las concesiones.
"Seguirán al frente de los negocios, no se irán. De hecho, muchas de ellas están desistiendo de acciones que habían interpuesto ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi). Me parece que siguen interesadas en participar en el mercado argentino", señaló Comadira.
El jurista, que disertó en esta capital durante las IV Jornadas Provinciales de Actualización en "Acto y procedimiento administrativo", insistió en la cuestión del Ciadi, órgano dependiente del Banco Mundial ante el cual existen dos demandas contra el Estado argentino por servicios prestados en Tucumán, por la Compañía de Aguas del Aconquija y por Edet.
Comadira es sumamente crítico, sobre todo por lo que pasó durante los años 90. "No se procuraron los recursos para que el Estado se defienda de manera adecuada; es decir, había una desproporción entre la defensa del Estado y la de las empresas. No hubo una asignación de recursos, ni humanos ni económicos, a la altura de las circunstancias de estos procesos. Y esto no implica desmerecer la actuación de los abogados del Estado en estos pleitos internacionales. Pero hay que saber que el Ciadi protege al inversor, el Estado debe ir a revertir una situación; de hecho, lo dice el nombre mismo de la institución", subrayó.
En la misma dirección, el joven catedrático insistió: "estas demandas (ante el Ciadi) son multimillonarias y también implican un mecanismo de presión, pero como lo es cualquier juicio. La diferencia es que se lo hace en un foro extranjero, con otro tipo de reglas, en cierta forma favorables al inversor".
Coherente con su línea de pensamiento, Comadira propone cambios en el propio Ciadi. "No me caben dudas de que durante los años 90 hubo concesiones a las empresas inversionistas, como por ejemplo someter cualquier litigio a la jurisdicción de un tribunal extranjero, como el Ciadi. En ese sentido, este último podría ser reformulado; por ejemplo, en la propia integración del tribunal: debería considerarse siempre que este sea compuesto por especialistas en Derecho Administrativo que conozcan el derecho del Estado en cuestión", concluyó el jurista.