Piden a un fiscal que indague la compra de bombas y materiales

El fiscal de Instrucción de la II Nominación, Carlos Albaca, recibió un pedido para que investigue la compra de bombas y de materiales de construcción en el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys).
El planteo fue hecho por Karina Ruth Espeche Segura, y es una ampliación de la denuncia contra el interventor del organismo, Angel Cúneo Vergés, a quien denunció por presunta malversación de caudales públicos. El funcionario, a su vez, desestimó los términos de la presentación.
La denunciante presentó una serie de resoluciones de 2006 sobre compras de insumos y plantea que, según su criterio, se habría incurrido en excesos. Por ejemplo, consigna que mediante la resolución 1.838, del 13 de enero de 2006, se solicita la compra de 52 bombas dosificadoras de diafragma, por $ 104.000. Pero -advierte-, el 2 de febrero, la resolución 032 solicita la compra de bombas por casi $ 6.000. "¿Cómo puede ser que en 15 días se haya agotado el stock?", pregunta Espeche Segura.
En idéntico sentido, el escrito detalla que el 10 de mayo (resolución 494), se adquirieron 54 bombas, por $ 100.000. Y que el 22 de ese mes se pidió otra compra de bombas, por $ 12.000.
La denunciante puntualiza que el 1 de junio (resolución 673), se ordena la compra de materiales por $ 61.000. Y precisa que, una semana después, se dispone la compra de una electrobomba, y de materiales, por $ 12.000 (resolución 720). El 27 de junio, hubo una nueva compra de bombas, por casi $ 7.000 (resolución 759). Y el 31 de agosto, se dispuso otra compra de materiales por $ 61.000. "¿Qué pasó con el stock de la resolución 673?", inquiere la denunciante.
"Todas las adquisiciones que hace el Sepapys, por su condición de organismo público, cumplen un circuito administrativo que incluye el control del Tribunal de Cuentas. Así que estoy tranquilo: lo actuado y las resoluciones que menciona la denuncia están dentro de la ley", manifestó Cúneo Vergés a este diario.
El interventor del Sepapys explicó, además, que su repartición necesita contar con bombas y con materiales en depósito. "Si una comunidad se queda sin bomba de extracción o de cloración, no puedo hacer que esperen dos meses, que es lo que demora el trámite de un expediente", aseveró.
"Karina Segura, además, está denunciada desde el 23 de abril, en la Comisaría V, porque hay testigos que la vieron echando un líquido que contiene solventes sobre una camioneta del Sepapys afectada al uso de la intervención. Ella hace esto en represalia porque no fue nombrada en el ente", concluyó el funcionario.